El Confabulario – 9 de noviembre de 2013

Entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía General Electoral ha abierto unos 1,002 expedientes para investigar denuncias por supuesto delito electoral.

De esta cantidad, el 91% representa quejas por el “cambio de residencia doloso”, unos 895 casos, según detalla un informe actualizado de la Fiscalía.

De acuerdo con el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, la “mayor cantidad” de estas denuncias procede de la ciudad de Panamá.

En segundo lugar se encuentran 43 denuncias por uso de los bienes y recursos del Estado, 22 por compra de votos, 16 por falso testimonio y 12 contra la libertad del sufragio. Otras 3 denuncias son por violación del fuero electoral y una por falsa inscripción.

“Estas investigaciones están destinadas a acreditar el delito denunciado y a descubrir a sus presuntos autores, cómplices y partícipes del mismo”, agregó el fiscal.

De esta cantidad de casos tramitados este año se desconoce cuántos han tenido méritos para sanción, a pesar de esto, el abogado Ernesto Cedeño considera que estos casos no representan un riesgo para la elección general de mayo de 2013, pese a que el proceso de investigación puede demorar hasta un promedio de cuatro meses.

Cedeño dijo que a las personas denunciadas mientras se mantengan en un periodo de investigación, no pueden ser inhabilitadas para emitir su voto, pero al recibir una sanción por parte del Tribunal Electoral que acate esa orden, no podrían ejercer este derecho.

Peñaloza explicó que una vez se determina que la investigación corresponde a la Fiscalía Electoral o sus oficinas delegadas a nivel nacional se procede a adelantar las diligencias en un periodo que puede extenderse dos meses y que también son prorrogables hasta dos meses más “si el caso lo amerita”.

Según el informe de la Fiscalía, durante 2012 se abrieron 105 investigaciones de oficio.

De acuerdo con el Código Electoral en su Título VII, Capítulo Primero, Artículo 395 se establece sanciones por 50 a 500 días-multa a quien “dolosamente” se haga empadronar en el censo electoral o inscribir en el Registro Electoral, en un corregimiento distinto al de su residencia. “La sanción se agravará con el doble para quien haya instigado la comisión de este delito”.

Audiencia

Las últimas audiencias para resolver las impugnaciones de los cambios de residencia dudoso se efectuaron en agosto pasado.

En esa última audiencia, que se celebró el miércoles 14 de agosto de 2013, la Fiscalía Electoral argumentó que las personas impugnadas residían en un caserón de calle 68, Carrasquilla, que ya había sido demolido o estaba demoliéndose para la fecha en que hicieron el cambio de residencia. Estas personas -supuestamente- ocupaban el mismo domicilio, incluso el mismo cuarto; sin embargo, no eran personas relacionadas entre sí, sino casos independientes. Estas personas fueron devueltas a su anterior domicilio en El Chorrillo.