El Confabulario
El Confabulario – 9 de octubre de 2013
Datos
- Fincas
- en islas Punta Laurel y Cayo de Agua se otorgaron de manera fraudulenta unas 311 hectáreas de terreno.
- Valor
- Por valiosas propiedades se pagaron solo $6 por hectárea; por once hectáreas, una empresa logró pagar solo $600.
- Inicio del proceso
- Las autoridades del Ministerio Público lograron acreditar que las irregulares fueron registradas desde enero de 2006.
- San Miguel
- En el archipiélago de Las Perlas se denunció que en la isla San Miguel se vendieron 126 hectáreas de terreno a un costo de 700 dólares.
- Fincas
- Las investigaciones registraron que se traspasaron ilegalmente 88 fincas en tres años.
El juzgado liquidador de casos penales en la provincia de Veraguas realizará hoy, miércoles 9 de octubre, la audiencia preliminar en contra de una red dedicada a la inscripción fraudulenta de fincas.
Por este caso será sentado en el banquillo de los acusados el exdirector de Reforma Agraria en la provincia de Veraguas Edil Torres De León, pariente cercano del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Freidi Torres, entre otras cuatro personas allegadas al parlamentario.
Esta es la tercera ocasión que se intenta realizar la audiencia para lograr establecer si existen méritos para llamar a juicio a Torres De León y sus colaboradores.
En ocasiones anteriores, tecnicismos legales impidieron que se realizará la audiencia. El proceso lleva cuatro años desde que se iniciaron las investigaciones en el año 2009.
Sobre este caso se les acusa a los integrantes de esa red de haber obtenido de manera fraudulenta unas 312 hectáreas de terreno pertenecientes a una finca ubicada en orilla de playa en la provincia de Veraguas.
De acuerdo con las investigaciones que realizó el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción se logró establecer que Torres De León figura como el cabecilla de esta red que adquiría estos terrenos propiedad del Estado a precios muy bajos al valor real; se conoció que pagaron unos seis dólares por hectárea.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los despachos de instrucción se logró corroborar que la red no solo está vinculada con el hurto de tierras del Estado en la provincia de Veraguas, sino que también se le relaciona con otros casos que se cometieron en otros puntos del país.
La investigación demostró que se trata de terrenos que fueron adquiridos de la misma manera en las provincias de Coclé, Bocas del Toro y Chiriquí.
Los resultados de estas averiguaciones demostraron que las irregularidades se fueron registrando desde el año 2006 hasta 2009, durante la administración del expresidente de la República Martín Torrijos, en donde se vinculaba a exfuncionarios que laboraban para la Reforma Agraria y el Registro Público.
La organización delictiva funcionaba por medio de la creación de sociedades anónimas para adjudicarse los terrenos a precios muy bajos. Se conoció que esta red pudo haber inscrito de manera fraudulenta unas 88 hectáreas del terreno por medio de la creación de 35 sociedades anónimas.
En un principio habían señalado a unas 43 personas como integrantes de esta red entre particulares y exfuncionarios.
Actualmente hay unas ocho personas que se encuentran bajo medidas cautelares por la serie de casos que se le acredita a esta red delictiva.
