Un grupo de pequeños comerciantes de la sureña ciudad de Concepción presentaron hoy una demanda colectiva por 500 millones de pesos (unos 925.000 dólares) en contra del Estado chileno por falta de protección tras el terremoto de fines de febrero, cuando sus locales fueron saqueados.
Según informa la edición digital del diario La Tercera, los denunciantes sostienen que fueron víctimas de saqueos porque las autoridades tardaron en adoptar medidas de seguridad.
"No hubo una voluntad de proteger lo que estaba quedando parado, porque los saqueos comenzaron inmediatamente (...) tuvimos que endeudarnos y nadie se hizo responsable y los seguros en caso de terremoto no operan", dijo Rodrigo Mora, portavoz del grupo de catorce pequeños comerciantes.
El abogado de los demandantes, Baltasar Morales, indicó que los saqueos empezaron pocas horas después del terremoto, el 27 de febrero pasado, "por lo tanto era perfectamente predecible que esto pudiera evitarse disponiendo de forma inmediata la participación de las Fuerzas Armadas".
Comercios y supermercados de algunas localidades del sur de Chile, la zona más afectada por el terremoto y el posterior tsunami, fueron escenario de saqueos y pillajes por parte de los ciudadanos, que se aprovecharon del desconcierto existente en las horas y días posteriores a la catástrofe.
El senador Alejandro Navarro acompañó a los comerciantes a presentar la demanda a la Corte de Apelaciones de Concepción y denunció la tardanza en enviar las Fuerzas Armadas a las calles para restablecer el orden.
"Aquí hubo negligencia, aquí se actuó de manera tardía y las Fuerzas Armadas fueron sacadas mucho después de que se produjeran los saqueos. Carabineros no pudo o no actuó, pero está claro que no hubo una decisión política de dar cobertura de protección a través de las Fuerzas Armadas y eso es falta de servicio", señaló.
El senador dijo también que las compañías de seguros están perjudicando a las personas damnificadas por el terremoto.
"Las compañías de seguros se están comportando de un modo contrario a los intereses de la gente, están dilatando, están exigiendo documentación imposible de conseguir y están negociando reducir la cobertura", sostuvo Navarro.