Un total de 156 personas que se mantenían evadidas del Centro Penitenciario La Joyita fueron judicializadas entre el 3 y el 9 de junio de 2026 durante audiencias de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.
Los jueces de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá legalizaron las aprehensiones y formularon cargos por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión, tras los hechos ocurridos a inicios de mes en el complejo carcelario.
Condenas inmediatas y detenciones provisionales
El Ministerio Público logró la validación de acuerdos de pena para 26 de los procesados. Como resultado de estos consensos, los tribunales dictaron sentencias condenatorias que incluyen a 20 personas sancionadas a 42 meses de prisión, una a 44 meses, otra a 47 meses de cárcel y cuatro reclusos más que recibieron una pena de 36 meses de prisión, las cuales se sumarán a sus condenas previas.
Por su parte, para los 130 imputados restantes que no se acogieron a los mecanismos alternos de resolución de conflictos, la fiscalía sustentó con éxito la aplicación de la medida cautelar personal de detención provisional.
Esta restricción se fundamentó en el peligro latente de fuga y la gravedad del delito, por lo que permanecerán bajo custodia estricta mientras concluyen los plazos de la investigación judicial.
Audiencias virtuales y origen de la causa
Las jornadas de audiencias múltiples se desarrollaron en su mayoría a través de plataformas virtuales para mitigar los riesgos de traslado desde los centros de detención temporal.
La Oficina Judicial agendó los roles de forma continua, contando con la representación legal de defensores del Instituto de la Defensa Pública, quienes asumieron la asistencia legal de la mayor parte de las unidades procesadas frente a los fiscales de la causa.
Esta causa penal masiva tiene su origen directo en el motín y las evasiones registradas el pasado lunes 1 de junio de 2026 en los pabellones del Centro Penitenciario La Joyita.
El hecho provocó un despliegue operativo de los estamentos de seguridad en el sector de Panamá Este y abrió un debate profundo sobre la custodia interna y las vulnerabilidades estructurales del sistema penitenciario en el país.
