El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Adrián José Hernández, decretó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano de 48 años, un Saila, por la posible comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos y por delitos contra la vida silvestre.
Tras escuchar los argumentos de los intervinientes, el juez fundamentó su decisión de aplicar la medida de restricción de la libertad por ser necesaria y proporcional, además por el riesgo procesal de peligro de afectar medios de prueba y peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho.
Con anterioridad, legalizó actos de investigación de operación encubierta, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos.
En este acto de audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Daira Jaramillo.
El defensor técnico particular del imputado, Andy Noel Núñez, anunció recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta por el juez.
La audiencia de apelación quedó programada para el 19 de octubre, a las 8:30 de la mañana, ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna.
Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron el 10 de octubre, en el distrito de Chepo, sector del río Bayano, cuando se produjo la tala de 71 árboles.
El Saila reponde al nombre de Ediberto Jiménez Lasso, quien le ofreció 2 mil dólares a unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para dejar pasar las tucas de madera.
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Este sujeto hizo el ofrecimiento sin percatarse que ya personal del Ministerio Público estaba dándole seguimiento.
La tala ilegal amenaza con destruir áreas protegidas de las provincias de Panamá, Darién y el resto del país.
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