El pasado 20 de julio, el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, amplió denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por delitos ambientales a la empresa Sea Energy, Inc., representada legalmente por el empresario Gabriel Fernández.
La ampliación incluye al Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, por el supuesto delito contra la Administración Público en la modalidad de omisión de deberes de servidor público. Además de una serie de incumplimientos no catalogados en la denuncia original presentada a mediados del año pasado.
Estos incumplimientos contemplan una cantidad copiosa de omisiones de la seguridad del buque, el cual fue adquirido por la empresa a sabiendas de tener un deterioro considerable. Esto constituye un peligro a la seguridad ambiental de las aguas panameñas, recalcó Mitchell.
Los informes aportados por el jurista corroboran incumplimientos a la normativa nacional e internacional, daños en infraestructura, máquinas, dispositivos de seguridad, manuales, equipo contra incendios y emergencias. Además, constan informaciones vertidas por los propios inspectores de la Autoridad Marítima de Panamá, año tras año, sin que existiese reacción alguna por parte de esta entidad.
El artículo 402 del Código Penal de la República dice que quien, sin la autorización de la autoridad competente o en incumplimiento de las normas aplicables al efecto deposite, transporte, o disponga aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Pudiendo aumentar la pena de una parte a la mitad cuando dichos residuos o desechos “ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos” o “puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la vida silvestre, por su clase, cantidad o calidad”.
“No se justifica que la Autoridad Marítima de Panamá, y su administrador general, teniendo todas las informaciones pertinentes en el ejercicio de su competencia, guardasen silencio y no tomaran ninguna acción administrativa en contra de Sea Energy, Inc.; y por el contrario, mantuvo su licencia de operación a pesar de lo anterior y un derrame de combustible, ocurrido en el año 2020”, dijo el jurista.
“Puede que, para nosotros, la barcaza petrolera “Sea Lion”, tenga paradero desconocido. Sin embargo, la responsabilidad ambiental de sus responsables al momento, permanece. El colocar en peligro al ambiente también es delito”, recalcó Mitchel.
