Con comida gratis piden en Argentina reglamentar la ley de emergencia social

A través de la instalación de las ollas populares, seguida de una recogida de firmas, también solicitaron que la asignación universal por hijo se actualice a medida que aumenta la inflación, explicó Leandro Martín, miembro de Barrios de pie.

Buscan "garantizar la paz social" en el país y luchar contra el desempleo. FOTO/EFE
Buscan "garantizar la paz social" en el país y luchar contra el desempleo. FOTO/EFE

Organizaciones barriales repartieron comida gratuita elaborada en "ollas populares" para reclamar la reglamentación de la ley de emergencia social, aprobada por unanimidad en el Senado argentino el pasado diciembre y que supondrá invertir 1,8 millones de dólares para luchar contra la pobreza.

 

Los cooperativistas repartieron platos de pasta a los pies del céntrico Obelisco de Buenos Aires para pedir que se establezcan los mecanismos que permitan aplicar una ley que fue aprobada y sancionada, explicó el coordinador de la asociación Barrios de pie capital, Walter Córdoba.

 
 

Establecer un salario social complementario, una obra social para cooperativistas y crear 100,000 puestos de trabajo son algunos de sus reclamos.

 

 
Según Córdoba, "el 30% de los trabajadores" realiza su actividad "en negro" y, a su juicio, la aplicación de este texto implicará reconocer los "derechos mínimos" de estas personas.

 

A través de la instalación de las ollas populares, seguida de una recogida de firmas, también solicitaron que la asignación universal por hijo se actualice a medida que aumenta la inflación, explicó Leandro Martín, miembro de Barrios de pie.

 
 

Martín subrayó el "logro" que supuso que se aprobara la ley el pasado diciembre e insistió en la necesidad de "presionar" al Ejecutivo para que ponga en marcha lo antes posible un texto que es una "prioridad".

 

 
A principios de diciembre las organizaciones sociales sacaron a las calles de Buenos Aires diversas "ollas populares" para pedir frente al Congreso que se aprobara el texto legislativo, que fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno y las principales organizaciones sociales.

 

La ley requerirá una inversión de unos 30.000 millones de pesos ($1.88 millones), crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular, donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

 

El objetivo es "garantizar la paz social" en el país y luchar contra el desempleo y la pobreza -actualmente en el 32.2% de la población según estadísticas oficiales- mediante medidas como el aumento de las asignaciones universales.

 

Por su parte, el presidente Mauricio Macri aseguró la semana pasada que el país ha vuelto a crear empleo y crecerá de nuevo en 2017, aunque marcó como reto erradicar la pobreza, para lo que apostó por potenciar la implementación de la obra pública -que permita el desarrollo económico y la inclusión social.


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Argentina/EFE
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