La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, declaró el “abandono de cargo” por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y demandó una salida electoral a la crisis venezolana como la forma para que “sea el pueblo el que se exprese a través del voto”.
“Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales”, señala el acuerdo aprobado con el voto de los 106 parlamentarios opositores.
La mayoría de la Cámara considera que el desempeño de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y lo responsabilizan por la “grave ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la “devastación de las bases económicas y sociales” de la nación.
Según la Constitución de Venezuela, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato y “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
La Constitución también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas”.
El abandono de cargo se decretaría por el incumplimiento de sus obligaciones por parte del presidente.
Entre las razones que expuso la mayoría opositora en la AN para declarar el abandono de cargo, se afirmó que Maduro ha abandonado las funciones “inherentes” a la presidencia al no “cumplir y hacer cumplir” el ordenamiento constitucional.
Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro “ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes” en el país caribeño, “mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral”.
Por ende, el Parlamento responsabiliza a Maduro por el “golpe de Estado” que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referéndum revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, y al “diferimiento” de las elecciones regionales que debieron celebrarse en 2016.
El Legislativo considera que Maduro ha sido “negligente” en la reclamación del territorio Esequibo fronterizo con Guyana (este) y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto.
También lo acusan de ser corresponsable en que no haya cesado “la persecución política” y que, por el contrario, esta “se ha incrementado”.
La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores y grupos de la sociedad civil como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna.
Previo a la discusión por el supuesto abandono de cargo de Maduro, el Parlamento votó también a favor de desincorporar a los tres diputados cuya investidura fue impugnada por el Supremo y por la que este había declarado nulos todos los actos legislativos.
Al final del debate el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, hizo un llamado a las autoridades: “Permitan que sea el pueblo venezolano el que pueda con el voto solucionar la grave crisis económica, social y política que padece la familia venezolana”.
Aunque la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.
El dirigente oficialista, el diputado Diosdado Cabello, consideró como una “violación flagrante a la Constitución” el proceso y dijo a la prensa que “no hay forma ni manera que ellos (la oposición) puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro”.
“Eso no existe ni constitucionalmente, ni políticamente es posible hacerlo”, agregó.
La mayoría opositora de la Asamblea busca acelerar el fin del mandato de Maduro, a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país.
Al final de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, el diputado Héctor Rodríguez, dijo que era una “barbaridad” y una “locura” que con 106 votos se declare el abandono del cargo del presidente, y sostuvo que el proceso “no va tener ningún efecto jurídico, ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.
Durante el año pasado, la coalición opositora promovió un proceso de referéndum revocatorio del mandato de Maduro que fue suspendido en octubre pasado por las autoridades judiciales y electorales.
Las próximas horas serán determinantes para la oposición debido a que hoy Maduro alcanza más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas.
La Constitución establece que si ocurriera la salida del presidente de su cargo o su fallecimiento durante los últimos dos años de gobierno, ese período deberá ser completado por el vicepresidente.
El Tribunal Supremo de Justicia objetó en un comunicado el anuncio de la mayoría opositora del Congreso y recordó una sentencia del mes pasado en la que ordenó a los diputados abstenerse de continuar el proceso de declaratoria de responsabilidad política y de “dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”.
Asimismo, la institución hizo un llamado a utilizar la vía del diálogo para dirimir las diferencias políticas y cumplir los deberes constitucionales.
“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro”.
El académico y abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo a la prensa que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato.
Sin embargo, agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.
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Caracas/EFE/AP
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