Diversos grupos critican fuertemente al gobierno peruano por defender el informe médico con el que se justificó el indulto en diciembre del año pasado al expresidente Alberto Fujimori.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jorge Bracamonte, criticó que el Gobierno peruano defienda el informe médico que justificó el indulto al expresidente Alberto Fujimori porque no ha permitido que el país lo conozca, a pesar de las solicitudes hechas.
En rueda de prensa con familiares de abusos a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), Bracamonte dijo que "nos extraña que salgan a la defensa de una pericia médica que el país desconoce (...) porque no ha sido transparente, ni ha permitido que el país conozca el expediente del indulto a Fujimori".
El activista agregó que el informe médico fue solicitado por distintos organismos de la sociedad civil, por congresistas y por la Defensoría del Pueblo, pero que "a todos nos ha negado el acceso al informe".
Según Bracamonte, "el país ha visto que se han violentado una serie de procedimientos de tipo administrativo, y que se ha formado una junta médica donde uno de los integrantes es médico de cabecera de Fujimori, con lo cual terminan convertidos en juez y parte".
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre el indulto señalando que no cumple con los estándares legales y jurídicos, y que no expresa suficiente información médica sobre el beneficiado.
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, respondió que la resolución del indulto sintetiza lo más importante del diagnóstico médico de Fujimori y que el resto de información corresponde a datos reservados de su historia médica.
En esa resolución se mencionó que el exmandatario padece de hipertensión arterial, depresión, hernia lumbar y fibrilación auricular paroxística, entre otros problemas de salud.
Mendoza afirmó que ha entregado una copia del informe médico a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha programado una audiencia de supervisión de la sentencia de 25 años de cárcel dictada contra el exmandatario en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
La líder opositora Keiko Fujimori también criticó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, tras afirmar que el expresidente tampoco puede hacer política, y se preguntó por qué lo restringen y cuál es el miedo que le tienen a su padre.
Un grupo de familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y sus abogados viajarán a San José de Costa Rica para estar presentes en la audiencia de la Corte el próximo 2 de febrero.
"El derecho a la verdad y a la justicia de los familiares no puede ser postergado más", afirmó uno de los deudos.
La intención de los familiares es que la Corte ordene al Estado peruano anular el indulto y el derecho de gracia, y además exigir que Fujimori cumpla el resto de su sentencia.
Bracamonte insistió en que "el indulto se ha dado en un contexto de negociación política en el Congreso para evitar la vacancia (destitución) del presidente" Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Los deudos de las víctimas y la CNDDHH convocaron además a una marcha de protesta contra el indulto a Fujimori para el próximo 30 de enero en Lima.
Los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que fueron asesinadas 25 personas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, fueron conocidos por la Corte Interamericana, antes de que la justicia peruana procesara y sentenciara a Fujimori a 25 años de cárcel en el 2009.
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Lima/EFE
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