El Gobierno mexicano destapó una red de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que defraudó 1320 millones de pesos ($93 millones) y en la cual hay 60 personas implicadas, entre ellas 18 jueces, dijeron fuentes oficiales.
Por la cantidad defraudada, se está ante “uno de los mayores casos de corrupción” tanto por monto como “por número de implicados” en la red corrupta, aseguró una fuente de la Secretaría (ministerio) de la Función Pública (SFP).
La investigación del caso comenzó en noviembre de 2008, cuando fueron detectados algunos pagos “fuera de la normalidad” por concepto de 232 juicios perdidos por la CFE en el estado de Sinaloa, en el noreste de México, de los cuales el 97% no fueron impugnados por omisión de los funcionarios corruptos.
La fuente explicó que la trama consistía en que los jueces, algunos propietarios de tierras y “abogados que se prestaban a no litigar a favor de la CFE” acordaban acciones para defraudar a la CFE, una empresa pública que paga determinadas sumas de dinero a particulares por el paso de las líneas eléctricas por sus tierras.
De 2008 a 2010 la empresa eléctrica mexicana, que monopoliza la distribución de electricidad en el país, presentó 131 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en relación a los hechos.
En 190 casos se ha constatado que se pagaron determinadas sumas a los demandantes, a pesar de que los derechos alegados habían prescrito; en 18 los abogados de la CFE no contestaron a los requerimientos de los jueces y en 180 juicios no se impugnaron desde la CFE las derrotas judiciales.
El titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, dijo que llamaba la atención “el grado de involucramiento entre particulares, jueces y servidores públicos federales” que participaron en la red, además de la cuantía del fraude.
Por el momento están encarceladas tres personas: el juez de Mocorito, estado de Sinaloa, José Raymundo Soto Conde; un representante legal de la CFE, Francisco Rodríguez Retes, y el perito Martín López López, agregó la fuente.
Además, entre los implicados de la CFE hay cinco funcionarios que han sido destituidos y tres más a quienes han sancionado, pero se mantienen en sus puestos. También hay planes para investigar a otros catorce empleados de la empresa eléctrica.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Augusto Santiago Ramírez, consideró tardía la actuación de la SFP en el caso y la detención de tres servidores públicos por el fraude, y le pidió “mayor eficacia”.
“El ministro de la Función Pública actúa en cámara lenta”, afirmó.
