El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para encabezar la oposición al Gobierno de Jair Bolsonaro, pero la derecha ya intenta articular una enmienda constitucional que le podría llevar otra vez a la cárcel.
Lula recuperó la libertad el pasado viernes y su vuelta al ruedo a la política ya ha sido un revulsivo para una oposición aletargada desde la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumió el pasado enero con una aplastante mayoría parlamentaria. El exmandatario pasó 580 días preso por corrupción y fue liberado por un cambio en la jurisprudencia judicial, que pudiera llegar a ser alterado nuevamente en el Congreso, mediante una enmienda a la Constitución de 1988.VEA TAMBIÉN Evo Morales anuncia nuevas elecciones en Bolivia tras el tres de la OEA
EL NORESTE: LA PRIMERA ESCALA HACIA LAS MUNICIPALESSobre reencontros... #equipeLula pic.twitter.com/ElsPMOYh8m
Lula (@LulaOficial) November 10, 2019
Lula decidió pasar este primer domingo en libertad en familia, pero dedicará la próxima semana a preparar una serie de viajes por el país que, según explicaron portavoces del PT, comenzará en la región noreste, conformada por nueve estados con gobernadores del espectro de centroizquierda.
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El expresidente también prepara otro acontecimiento que puede ser de fuerte impacto político y mediático: su casamiento con la socióloga Rosangela da Silva, con quien comenzó una relación poco antes de ir a la cárcel. LA DERECHA AFILA LAS "ESPADAS DE DAMOCLES" El hecho de que Lula esté en libertad no quita que aún pesa sobre él una pena a ocho años de prisión, confirmada en tercera instancia y de la que ha cumplido un año y siete meses. El exmandatario dejó la cárcel por una decisión del Supremo que anuló la jurisprudencia en vigor hasta ahora, según la cual una pena se ejecutaba tras ser ratificada en segunda instancia, y estableció que eso sólo ocurrirá cuando acabe todo el proceso de apelaciones. Lula aún tiene un recurso en trámite, ante el propio Supremo, que aún no se ha pronunciado pero que si lo llegara a negar, devolvería al expresidente a un encierro que, según la ley brasileña, podría ser hasta domiciliario pues ya ha cumplido un sexto de la pena. Más allá del ámbito estrictamente judicial, la otra "espada de Damocles" que pende sobre Lula está en un Parlamento en el que la derecha tiene mayoría y ya articula una enmienda que acabaría con las interpretaciones que la Constitución permite sobre la ejecución de una condena penal. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, ya anunció que trabajará en el Parlamento para llevar adelante una alteración del texto constitucional que establezca de forma clara que una pena se debe ejecutar una vez confirmada en segunda instancia. De hecho, en las cámaras legislativas ya tramitan tres proyectos en ese sentido, que las fuerzas del llamado "bolsonarismo" pretenden impulsar tras la excarcelación de Lula. Esa enmienda constitucional ya recibió apoyo de los manifestantes que, este sábado, salieron a las calles de decenas de ciudades para protestar por la excarcelación de Lula y que reavivaron la ola de rechazo al exmandatario y al PT que, en 2018, ayudó a la primera victoria electoral de la ultraderecha en Brasil.
