La asociación tunecina de defensa de los derechos LGTB Shams denunció hoy "la caza de brujas" contra los homosexuales y mostró su rechazo a la aplicación del artículo 230 del Código Penal que criminaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel y que cierra el año con cifras récord.
"En 2018 se han producido 123 arrestos, al menos 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y se han cometido tres asesinatos homófobos", dijo a Efe Mounir Baatour, presidente de Shams y abogado, durante la conferencia de prensa celebrada en la capital bajo el lema "¿Hasta cuándo?".
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"Por una simple acusación o por su apariencia física, la policía puede confiscar el teléfono y si encuentra en sus conversaciones o fotos una prueba de su homosexualidad, la persona termina en detención preventiva, obligada a sufrir un test anal y a comparecer ante un juez que juzgará su orientación sexual", explicó Baatur.
"Ante la falta de voluntad política para abolir este artículo hemos propuesto una alternativa: vaciarlo de contenido. Si logramos prohibir el test anal y la utilización de datos personales como prueba, la mayoría de los casos serán desestimados", afirmó.
"Los homosexuales en Túnez atraviesan un periodo frágil y tememos no poder hacer frente a la situación que se dibujará tras la próximas elecciones", alertó el director ejecutivo de Shams, Bouhdid Belhedi, con respecto a los comicios legislativos y presidenciales previstos a finales de 2019.
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Para Faten Kalled, antigua secretaria de Estado de la Juventud y miembro del partido centrista Afek Tounes, tomar parte en este debate tiene un precio político. "Existe un temor a mostrar públicamente su apoyo porque creen que van a perder votos. La mayoría cree que la sociedad no está preparada" para aceptar el cambio pero justamente el compromiso político debe ser forzar ese cambio", reveló a Efe.
Ante una sala con apenas una veintena de asistentes y contados periodistas, Shams denunció el ostracismo al que es sometido el colectivo LGBT por parte de la clase política y de la prensa y pidió a la comunidad internacional mayor "presión" sobre el país magrebí para acelerar su compromiso con los derechos humanos.
