La fiscal general de Venezuela cuestionó una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la reforma de la Constitución, con lo que profundizó su distanciamiento del gobierno que ya la identifica como una disidente que podría poner en riesgo el futuro del proceso revolucionario.
Luisa Ortega Díaz volvió a enfrentarse al máximo tribunal al objetar la sentencia difundida el miércoles, que determinó que no hace falta convocar a un referéndum consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como sostienen el presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno.
"Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos", dijo Ortega Díaz a la prensa luego de introducir en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una solicitud de aclaratoria del dictamen y que se determine si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación de la población.
Al defender su acción, la fiscal sostuvo que con el proceso constituyente se pretende "vulnerar" la progresividad de los derechos humanos al reducir a la "mínima expresión" la participación popular.
