El viceministro del Interior de Paraguay, Ariel Martínez, afirmó que un responsable de la Policía ordenó el viernes a sus agentes que no entraran en la sede del opositor Partido Liberal, donde falleció un militante, presuntamente abatido por un uniformado, tras las protestas contra la reelección presidencial.
El fallecido fue Rodrigo Quintana, de 25 años, que se encontraba en la sede de esa formación, la mayor de la oposición, en la medianoche del viernes, cuando supuestamente recibió un disparo de un policía que está detenido, y que irrumpió en el edificio acompañado de otros agentes.
Martínez declaró que durante los disturbios el director general de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, Luis Pablo Cantero, ordenó por radio a todos los efectivos policiales que estaban en el microcentro de Asunción, donde se produjeron enfrentamientos con manifestantes, que no ingresarán en la sede de ese partido.
Acerca del principal sospechoso de la muerte de Quintana, el suboficial Gustavo Florentín, que se encuentra en prisión preventiva tras haber sido identificado como presunto autor del disparo por las cámaras de seguridad de la sede del partido, Martínez reiteró que el agente "no estaba asignado a ningún pelotón".
"No sabemos aún las motivaciones que llevaron a este agente a salir a operar, cuando no estaba incluido en la orden de servicio, en ningún pelotón, porque estaba bajo prisión domiciliaria por orden judicial", expresó Martínez, según un comunicado de Interior.
Florentín estaba bajo arresto domiciliario en la Comandancia de la Policía, ubicada cerca del Congreso, por un presunto caso de violencia familiar.
Sin embargo, los registros del viernes de las cámaras de seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional mostraron cómo el agente sale y entra solo del recinto, equipado con escopeta, indumentaria y casco de antidisturbios, según se observa en los videos divulgados el martes por el Ministerio del Interior.
"Había orden judicial que le obligaba a no salir de la Comandancia. Hay que deslindar cómo obtuvo el equipo, cómo la guardia le facilita, si fue una decisión de él o si hubo autorización de algún superior", declaró Martínez.
Florentín se expone a una pena de entre 15 y 30 años de prisión, dado que, además de una imputación por homicidio doloso, la Fiscalía considera que con su actuación puso en peligro a terceros.
La fiscal que investiga la muerte de Quintana, Raquel Fernández, declaró que los policías antidisturbios, como era el caso de Florentín, "no deberían portar proyectiles letales", sino armas "disuasorias", como balines de goma o gases lacrimógenos.
El pasado viernes, decenas de manifestantes ingresaron de forma violenta al Congreso, y lo quemaron parcialmente, después de que 25 senadores aprobaran una enmienda constitucional para facultar la reelección presidencial.
Los disturbios se trasladaron después al centro histórico de Asunción, donde se registraron cuantiosos daños materiales en edificios y mobiliario urbano, y la acción policial dejó decenas de heridos y más de 200 detenidos.
Posteriormente, Quintana murió supuestamente por un disparo de Florentín.
Tanto el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, como el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) buscan ser candidatos en las elecciones de 2018, aunque la Constitución prevé mandatos únicos de cinco años y prohíbe la reelección.
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Asunción/EFE
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