Unas 200.000 personas se manifestaron este jueves por tercer día consecutivo en varias ciudades de Rumanía contra un decreto ley que despenaliza algunos casos de corrupción, una medida defendida por el Gobierno socialdemócrata pese a la presión social y las críticas, también desde el exterior.
La principal multitud -cerca de 100.000 personas, según la prensa rumana- se concentró en la noche del jueves al viernes ante la sede del Gobierno nacional en Bucarest, siempre con lemas como "ladrones", "vergüenza", "derogación" y "Rumanía, despierta!".
En el resto del país se congregaron otras 100.000 personas, de ellas, 20.000 en Timisoara (norte), y otras 20.000 en Cluj-Napoca (centro), dos de las principales ciudades provinciales de Rumanía.
Se trata de la mayor oleada de protestas desde la violenta caída del régimen comunista en 1989.
"No podemos permitir que nos roben sin una respuesta contundente por parte de la justicia", dijo una de las manifestantes, Alina Popa, profesora de matemáticas de un instituto de Bucarest.
"Es un decreto hecho a medida para unas pocas personas", señaló en declaraciones a Efe.
"Están desafiando nuestra dignidad y estamos cansados de que nos mientan", aseguró Raluca Stancu, otra de los manifestante, una joven informática que trabaja para una multinacional.
A pesar de la ira ciudadana, tanto el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, defendieron hoy el polémico decreto, aprobado por vía de urgencia el martes.
"El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos decididos a ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo", señaló Dragnea en rueda de prensa junto a Grindeanu, tras una reunión del Comité Ejecutivo socialdemócrata.
"Cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es un intento de desestabilizar el Estado de derecho en Rumanía", advirtió Dragnea, quien acusó a los manifestantes de desconocer el contenido del polémico decreto.
La medida ha provocado una crisis en un Gobierno que lleva en el poder menos de un mes, tras ganar el PSD los comicios legislativos en diciembre con un 45% de los votos.
El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, solicitó al Tribunal Constitucional que tome cartas en el asunto ante un posible conflicto entre el Ejecutivo y la Judicatura.
El Constitucional, que registró la petición hoy, espera ahora las explicaciones del Gobierno y del Parlamento, que tienen como fecha límite para ofrecerlas el próximo 7 de febrero.
La oposición confía en que los nueve jueces del alto tribunal se pronuncien antes del 10 de febrero, fecha en la que entrarán en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Pese a que los líderes del PSD han querido mostrar que están unidos en la defensa de la medida, el Gobierno ha tenido que encajar hoy la primera dimisión de un miembro del ejecutivo.
El responsable de Comercio, Florin Jianu, señaló que deja el cargo por razones de "conciencia", mientras que otras figuras de la formación gobernante pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Florin Ioardache.
Éste dejó temporalmente sus funciones en manos de un secretario de Estado, sin explicar los motivos, aunque resaltó que sigue en el puesto.
