La Cámara de Diputados de Brasil retomó el trámite de la denuncia por corrupción que puede desalojar del poder al presidente Michel Temer, con la lectura de un informe en el que se recomienda negar los cargos formulados por la Fiscalía.
El informe fue aprobado a mediados del mes pasado por la Comisión de Constitución y Justicia, que hizo un análisis del caso y en la que se impuso la base política de Temer, que previamente había rechazado un primer análisis que recomendaba aceptar la denuncia.
La lectura del informe en el pleno de la Cámara de Diputados, que hoy concluyó un receso de dos semanas, era un requisito legal para dar paso a la votación prevista para hoy, en la que el pleno de ese órgano legislativo decidirá si autoriza a la Corte Suprema a instaurar un juicio penal contra Temer.
Si la denuncia fue aceptada, Temer sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y, en caso de ser hallado culpable, perdería definitivamente el cargo.
La acusación ha sido presentada por la Fiscalía sobre la base de unos testimonios dados por directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que incluso continuaron con esas prácticas cuando el año pasado asumió el poder, tras la destitución de Dilma Rousseff.
Por imperativos constitucionales, una denuncia contra un jefe de Estado en pleno ejercicio del poder sólo puede ser aceptada por la Corte Suprema si así lo autoriza al menos una mayoría de dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados.
Esa mayoría representa 342 votos dentro de un universo de 513 diputados, entre los que el Gobierno calcula que cuenta con el apoyo de entre 250 y 280, lo cual bastaría para bloquear un eventual juicio penal contra Temer.
La minoritaria oposición, que en su totalidad votará por darle curso al proceso, ha admitido la superioridad de la base oficialista pero aún así se dispone a obstaculizar la sesión de mañana, a fin de que la votación sea postergada.
La intención de esas maniobras sería dar tiempo a que la Fiscalía pueda presentar alguna otra denuncia contra Temer, quien también es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Según diputados opositores, eso aumentaría la presión contra el mandatario, cuya gestión es rechazada por el 5% de los brasileños, de acuerdo a recientes encuestas.
Otros sondeos sostienen que el 81% de los ciudadanos considera que Temer debería ser suspendido de sus funciones para responder a un juicio penal.
Un mes difícil
En tiempos modernos, agosto ha sido un mes devastador para muchos presidentes brasileños, 31 días en los que se registraron impugnaciones o renuncias. Uno incluso se suicidó. La predecesora de Temer, la expresidenta Dilma Rousseff, fue destituida el pasado 31 de agosto por incumplir las normas fiscales en su gestión presupuestaria.
Temer enfrenta ahora su propia crisis de agosto, una votación hoy en la cámara baja del Congreso sobre si debería ser suspendido y juzgado por una acusación de sobornos que presentó en su contra el fiscal general de Brasil.
Los líderes confían en que podrán añadir a Temer a la lista de víctimas de agosto.
