Cuando alguien ingresa en la cárcel de San Pedro, un grupo de presos lo secuestra y lo tortura mientras otro llama a su familia para exigir dinero. Después, deberá pagar también al “consejo de delegados” por tener una celda, por recibir visitas y, si quiere, por tener alcohol y drogas. Tendrá que hacerlo incluso el día que quede en libertad si quiere llegar con vida a la puerta de salida.
Son cuatro muros de piedra y barro de diez metros de alto en el centro de La Paz, un territorio con reglas propias donde unos cuantos sacan provecho de la culpabilidad, de la necesidad de protección y de las ansias de libertad de sus residentes. Hay más de 2,000 presos abigarrados en su interior, más del doble de la capacidad de este búnker construido en el siglo XIX.VEA TAMBIÉN Dictan prisión para 20 de los 27 ediles de una urbe brasileña por corrupción
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Los precios de las bebidas y de las drogas se elevan en San Pedro cada vez que se celebra alguna fiesta. Llanos, Zambrana y la informante coinciden en que la Policía es la directa responsable de que las drogas y el alcohol ingresen con facilidad. El tabaco y alcohol están prohibidos en los espacios comunes durante las visitas, pero los ojos enrojecidos, las pupilas dilatadas y los comportamiento atolondrado delatan lo contrario. TORTURAS ENTRE RECLUSOS "¡Sufro muchas amenazas, vejaciones, hostigamiento! (...) ¡Me amenazan de muerte, amenazan a mis hijos a mis hijas, me incomunican con mi familia!", denunció un recluso extranjero en un audio al que tuvo acceso Efe, en el que acusa a sus compañeros de ser una "organización criminal". En la grabación, el preso denuncia supuestas torturas con descargas eléctricas en las piernas y en los genitales. "¡Pido clemencia, yo estoy viviendo momentos difíciles, no tengo nada!" suplica el detenido. Las tres citadas fuentes confirman que las torturas entre los propios reos son algo frecuente. Cuando llega alguien que se sabe que tiene dinero, "lo secuestran dentro de la misma cárcel", entre varios lo llevan a una celda donde pueden retenerlo o golpearlo mientras que otro es el encargado de llamar a la familia para pedir dinero, cuenta la mujer. "Amenazan a las personas con matarlas (...), se quiebran, por las torturas, por las vejaciones. Las presiones hacia las familias son muy grandes y entonces tienen que mandar dinero", agrega el exdirector penitenciario. Sobre las torturas "nadie sabe" o son un secreto, apunta Zambrana, como aquella de un joven acusado de violación, hace años, que estaba con la "cara reventada" y al que se obligó a llamar a su familia "llorando" para conseguir un monto de dinero. También narra cómo vio los azotes a otro sujeto con "cables de alta tensión", al extremo de "hacerle sangrar" y desgarrarle la piel de los glúteos. Estos procedimientos tienen pasos que se han institucionalizado. Los llamados "delegados" primero verifican la ficha del recluso nuevo, valoran su delito para tasar un precio y luego pueden llegar a hostigarlo y golpearlo hasta que ceda a cambio de dinero. Los condenados por violación son los que peor trato reciben. "Los violan dentro y los golpean", asegura la mujer. Lo hacen para hacerles sentir quienes “son sus jefes”. Los que no tienen dinero o familia están condenados a "deambular" por los pasillos. Son los "sin sección", cuya tortura es dormir en espacios comunes como pasillos o los aleros de las puertas de algunas celdas como "perros guardianes", precisa Llanos. LA VIDA SEXUAL DE LOS RECLUSOS La mayoría de las visitas maritales camuflan la entrada de prostitutas, unas 35 "por noche", según Llanos. Ellas deben pagar unos $21.00 por ingresar, y quienes las reciben deben desembolsar un pequeño tributo al consejo de delegados. En esta grave secuencia entran además las enfermedades de transmisión sexual, que proliferan sin que nadie quiera hablar del tema. "Si quieres mujeres de 18 o 20 años, ahí las tienes. Así no más funcionan las cosas", confirmó a su turno Zambrana, que hace unos meses volvió a las celdas de San Pedro por incumplir el pago de una manutención familiar. Estas dinámicas dentro de San Pedro salieron nuevamente a la luz cuando las autoridades bolivianas, tras una redada en junio pasado, separaron y enviaron a otras cárceles del país a unos 36 reclusos acusados de tener privilegios como negocios, cobros de dinero y la venta de "seguros de vida", una garantía de protección por la que también cobraban. Aquella vez se identificó además a unos 400 reclusos que no tenían celdas y que estaban obligados a dormir en los pasillos, por lo que se dispuso la rotación del personal y el relevo del gobernador del penal. En septiembre, una filtración de audios evidenció que el alquiler y la venta de ambientes se mantenían, por lo que se decidió cambiar de cárcel al cabecilla, un exmilitar recluido por narcotráfico. En noviembre, el Gobierno interino boliviano designó al coronel de Policía José García como cabeza del control penitenciario nacional, después de que ese mando estuviera a cargo de personal civil por varias gestiones. Pero poco o nada cambiará, manifestaron los entrevistados. Los reclusos se han reorganizado y solo es cuestión de tiempo que todo vuelva a su cauce.
