Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña puso en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que más de una centena de presos han muerto durante la primera quincena del año.
La muerte por lo menos de 30 presos en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.
El más reciente motín, que duró más de 14 horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control, se produjo pocos días después de que el Gobierno y varios organismos han intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil "acciones concretas" contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de mas de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (nordeste).
La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo especializado de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.
La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un "esfuerzo concentrado" a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció que el "mayor problema" de las cárceles del país "es la corrupción".
El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de $135 millones para instalar "dos escáneres" en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.
Justo esta semana, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.
Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que el 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.
Además de las precarias condiciones de las cárceles, el hacinamiento ha sido una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario.
