La Asamblea Nacional realizó ayer una sesión extraordinaria en abierto desafío a la oficialista Asamblea Constituyente, que este viernes asumió sus competencias legislativas, mientras crece la presión internacional y las amenazas de sanciones contra Venezuela.
El Congreso _ de mayoría opositora _ descartó que vaya reconocer la decisión de la Constituyente y aprobó la creación de una comisión que investigará las medidas del nuevo cuerpo y evaluará posibles acciones legales locales e internacionales.
"Este es un Parlamento en resistencia frente a una dictadura militar armada que secuestró sus espacios", dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, al anunciar que la oposición emprenderá nuevas acciones en el exterior para intensificar la presión internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Guevara indicó, en un discurso que ofreció en la sesión, que el órgano oficialista lo que busca al intentar disolver el Congreso es asumir las atribuciones para aprobar nuevos endeudamientos externos que ayuden al gobierno de Maduro a enfrentar la crisis económica.
Los embajadores y representantes diplomáticos de Chile, Italia, Alemania, Austria, Polonia, México, Francia, España, Inglaterra, Portugal, los Países Bajos, Estados Unidos, Argentina y Japón acudieron al Congreso, ubicado en el centro de la capital, para estar presente en la sesión.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que el decreto que aprobaron sobre las competencias legislativas represente la disolución de la Asamblea Nacional, e instó a los congresistas opositores a que convivan con el nuevo cuerpo "respetando sus decisiones".
La Constituyente emitió el decreto luego de que la directiva de la Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo al que considera "fraudulento".
La decisión de la Asamblea Constituyente contra el Congreso generó el rechazo de diferentes gobiernos y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó en su cuenta de Twitter que "hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario" para debatir sobre la crisis venezolana.
Almagro indicó que el decreto representaba un "atentado inconstitucional" directo a la existencia de la Asamblea Nacional.
Estados Unidos también condenó la decisión de la Constituyente, y dijo en un comunicado del Departamento de Estado que mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro siga comportándose como "una dictadura autoritaria" están dispuestos a llevar "todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense" en apoyo al pueblo venezolano y su intento de restaurar su democracia.
El gobierno venezolano rechazó, en un comunicado de la Cancillería, el pronunciamiento del Departamento de Estado, e indicó que las acciones de Washington representan "nuevas excusas" para continuar avanzando su "plan expansionista de agresión militar e intervención" en Venezuela.
Caracas exhortó a la comunidad internacional a que condenen la "conducta forajida e irresponsable" de Estados Unidos.
A inicios de mes Washington amenazó con aplicar sanciones económicas contra Venezuela si seguía adelante con el proceso para reescribir la constitución.
Maduro y más de una decena de funcionarios y constituyentes venezolanos han sido sancionados en las últimas semanas por Estados Unidos.
4 de agosto de 2017 el oficialismo se instauró la Asamblea Nacional Constituyente.
2015 en diciembre de ese año los venezolanos votaron para escoger un nuevo parlamento y la oposición logra la mayoría de los votos.
