El estado de Texas se colocó en el frente del debate nacional sobre la inmigración luego de que su gobernador republicano promulgó sin aviso previo al público una ley contra las llamadas "ciudades santuario", con lo que permite que la policía estatal pueda preguntar la condición migratoria de las personas que detenga, incluso durante paradas de rutina.
La nueva ley que entrará en vigor el 1 de septiembre también amenaza a los jefes policiales con mandarlos a la cárcel si no cooperan con las autoridades federales de inmigración.
Sus opositores fustigaron la nueva ley firmada por el gobernador Greg Abbott al decir que es la más dura medida contra los inmigrantes de Estados Unidos desde la de Arizona de 2010. Los opositores prometieron impugnar la ley en los tribunales.
"Vamos a luchar contra este ataque en los tribunales" y en las urnas, advirtió el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para Texas, Terri Burke.
El gobierno mexicano, que tiene vínculos cercanos con el estado y es su mayor socio comercial, criticó la ley.
