La Guardia Nacional Bolivariana rodeó la oficina de la fiscal general antes de la segunda sesión de la Asamblea Constituyente que amenazó con destituirla.
Luisa Ortega Díaz denunció en Twitter el “asedio” a su oficina, ubicada en el centro de Caracas y blindada por 30 agentes armados con equipos antimotines. Ortega Díaz no se encuentra en las instalaciones del Ministerio Público, dijo un funcionario de la Fiscalía que pidió el anonimato por miedo a represalias.
El acceso al edificio quedó completamente restringido y sus funcionarios no pueden entrar ni salir, aseguró el organismo también en Twitter.
No hubo una explicación inmediata del gobierno, pero Ortega Díaz publicó fotos de las tropas. “Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, agregó.
La Asamblea Constituyente, fiel al presidente Nicolás Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, tiene previsto empezar a trabajar después de instalarse formalmente el viernes en una escueta sesión inaugural.
“No crean que vamos a esperar semanas, meses o años”, lanzó la ex canciller Delcy Rodríguez durante su investidura como presidenta de la Constituyente. "A los violentos, a los fascistas, a los que le hacen la guerra económica al pueblo, a los que le hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia", aseguró.
Maduro ha insistido que usará ese cuerpo para sancionar a sus rivales políticos. También adelantó que el organismo formado por 545 delegados despojará de su inmunidad a los miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Los legisladores advirtieron que sólo abandonarán el recinto por la fuerza.
Una de las prioridades de la Constituyente es la expulsión de Ortega Díaz, quien durante mucho tiempo simpatizó con el gobierno pero rompió con Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.
La Fiscal investiga a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2,000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para Ortega Díaz, al afirmar que corre peligro.
La instalación de la Constituyente ha provocado el rechazo de la comunidad internacional, desde Washington al Vaticano, de América Latina a la Unión Europea.
Cancilleres de varios países anunciaron que se reunirán en Brasil para decidir si expulsan a Venezuela del bloque del Mercosur por violar las normas democráticas. Venezuela fue suspendida del grupo en diciembre.
Varios activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días y otros parecen estar buscando el exilio.
Entre el agotamiento y la falta de perspectivas la marcha opositora del viernes solo logró reunir pocos centenares de manifestantes en una de las protestas más tímidas de los últimos meses.
Maduro acusa a sus oponentes de “terroristas” y asegura que la Constituyente es la mejor manera de restaurar la paz.
Varios países desconocieron a la Constituyente y el Departamento de Estado afirmó que la Asamblea es ilegítima y que tiene la finalidad de consolidar "la dictadura de Maduro".
La última crítica vino del Vaticano, que sostuvo que “más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro".
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente del domingo alegando que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue de 8 millones de votantes mientras que una encuesta independiente sugiere que fueron menos de 4 millones.
La Constituyente está formada por sindicalistas, trabajadores y ciudadanos con discapacidades pero también miembros de la familia de Maduro y antiguos ministros.
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Caracas/AP
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