La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió al presidente Nicolás Maduro "echar para atrás" la iniciativa de redactar una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, mientras el chavismo le pide a ella dimitir por "traidora" y la vincula con el "terrorismo".
Decenas de simpatizantes del chavismo marcharon hacia la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas para manifestarse en contra de la titular de este despacho.
El vicepresidente de Movilización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, aseguró que Ortega Díaz "en los últimos tiempos se ha vinculado estrechamente a la violencia criminal" y que "ha estado vinculada estrechamente apoyando el terrorismo y el fascismo".
Además, afirmó que la fiscal no está garantizando la justicia y, por el contrario, "actúa de espaldas a lo que ella representa".
"Si ella considera que ya no es capaz de impartir Justicia, que está vinculada a los sectores del terrorismo, es mejor que renuncie porque el pueblo venezolano no va a seguir aceptando tener a una funcionaria que está de espaldas a la Constitución", sostuvo.
Ortega Díaz, por su parte, aseguró en una entrevista con una emisora privada que no se considera una adversaria política de Maduro.
Sin embargo, pidió al jefe de Estado que desista de su intención de reformar el ordenamiento jurídico venezolano y, además, recomendó al Ejecutivo que pida al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año pasado y que fueron fijadas para el 10 de diciembre de este año.
La fiscal precisó que el MP ha abierto 3,390 investigaciones por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política del país que ha dejado, además, según dijo, 1.189 heridos y 35 órdenes de captura pendientes por ejecutar.
En ese sentido, afirmó "con propiedad" que 19 de las 63 muertes que se han producido en escenarios de protestas en el país son atribuidas a los cuerpos policiales y militares que actúan en la contención de las manifestaciones.
Además, destacó que la Fiscalía ha solicitado aprehender a 19 uniformados y que esto no se ha materializado porque los señalados no han sido puestos a la orden del Ministerio Público.
Por otra parte, dijo tener conocimiento de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) para quitarle la titularidad de la acción penal a la Fiscalía.
"Esa es una aventura que tiene un alto costo político, sería otro retroceso en materia de derechos humanos", acotó.
Ortega se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo cuando este despojó al Parlamento de sus funciones y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico.
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Caracas/EFE
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