La fiscal general de Venezuela pidió que se les retire un beneficio legal a ocho jueces del Tribunal Supremo para poder procesarlos por el supuesto delito de conspiración contra el orden republicano, con lo que escaló su enfrentamiento con el gobierno y la máxima corte.
Luisa Ortega Díaz solicitó un “antejuicio de mérito” contra los seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional para enjuiciarlos por presunta “conspiración contra la forma republicana” de Venezuela.
En el último un año y medio la Sala Constitucional ha tomado más de medio centenar de decisiones contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se ha convertido en el principal bastión del gobierno en su enfrentamiento con el Legislativo. La corte también ha dado entidad a la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
La fiscal general alegó que las sentencias de marzo de la Sala Constitucional en las asumió las competencias del Congreso y limitó la inmunidad de los parlamentarios fueron de tal impacto y magnitud que representaron una “ruptura del orden constitucional”. “Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, agregó a la prensa.
Justamente fueron aquellos dos fallos, luego revertidos, los que desataron la ola de protestas que han dejado al menos 67 muertos, más de 1,300 heridos y cientos de detenidos.
Ortega Díaz también cuestionó un fallo a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y sostuvo que con esa decisión se atentó contra la “supremacía constitucional” y la soberanía del pueblo al no convocarse un referendo para llamar a esa asamblea, como lo indica la carta magna.
“Corre peligro la paz y la ciudadanía... Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala”, indicó la fiscal al anunciar que pidió la separación temporal de los ocho jueces mientras se resuelve su petición.
El vicepresidente Tareck El Assami llamó “indigna” a la fiscal general y dijo en su cuenta de Twitter que de haber sido más diligente en sus funciones “le hubiese evitado al país muertes y violencia”.
El jurista y académico José Ignacio Hernández explicó a The Associated Press que teniendo en cuenta anteriores decisiones del máximo tribunal lo más probable es que la solicitud de la fiscal general sea rechazada.
Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada con el oficialismo, inició en marzo un progresivo distanciamiento del gobierno al cuestionar las sentencias del Tribunal Supremo contra el Congreso y denunciar una “ruptura del orden constitucional”.
La funcionaria presentó este mes dos acciones contra el proceso constituyente que también fueron rechazadas por la Corte.
La oposición ha descartado la participación en el proceso constituyente al que considera un "fraude" y un "golpe de Estado" y exige la celebración de elecciones generales anticipadas, que cese la represión de las manifestaciones y sean liberados los considerados presos políticos. También reclama que se abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas que ayude a paliar la escasez de bienes básicos causada, entre otros, por una inflación anual de tres dígitos.
La constitución venezolana otorga protección legal a los miembros del máximo tribunal y establece que para procesarlos y destituirlos por alguna falta grave deben ser investigados previamente por el Poder Moral que integran la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
El chavismo solicita al Supremo una junta médica para evaluar a la fiscal
El chavismo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los requerimientos para la conformación de una junta médica de expertos y peritos para evaluar la conducta de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones legales desfavorables al oficialismo.
El diputado Pedro Carreño pidió los requerimientos para "la conformación de una junta médica para que los expertos, peritos, psiquiatras, y sicólogos evalúen el comportamiento de la fiscal", dijo a los periodistas a la salida del alto tribunal.
"A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal", afirmó el parlamentario, acompañado de un grupo de oficialistas, en referencia a la supuesta "insania mental" de la titular del Ministerio Público.
La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico.
Además, ha desmentido una tesis difundida por el Gobierno que sostenía que una de las 67 muertes registradas hasta el momento en las protestas pudo ser producida por otro manifestante y aseguró que fue producida por un agente de seguridad con un proyectil de gas lacrimógeno.
"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales", dijo Carreño refiriéndose a este ultimo caso.
Además, el diputado chavista se refirió a la postura de Ortega Díaz sobre la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, sobre la que la fiscal ha solicitado la declaración de nulidad.
A juicio de Carreño "ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", por lo que "se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el animo de preservar un bien superior, cuál es el bien superior: la paz de la república", señaló.
La solicitud de los oficialistas en el Supremo se realizó minutos después de que Ortega Díaz acudiera también al alto tribunal, en su caso para pedirle autorización para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa corte.
Categoría
- Inicie sesión para enviar comentarios
old id
1073374
Autor
Caracas/AP/EFE
Fecha y hora de publicación
Contenido patrocinado
Últimas noticias
