Una ayuda condicionada aprobó ayer la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) para los afectados por el consumo de dietilenglicol que fueron declarados como positivos por el Instituto de Medicina Legal.
Para que las personas sean beneficiadas con esta pensión vitalicia, deben firmar un finiquito que los compromete a no realizar reclamos por daños y perjuicios en la esfera civil.
La pensión fue fijada entre 235 dólares y mil 250 dólares, y estará dirigida para menores, adultos y jubilados o pensionados, ya sean asegurados o no asegurados.
Para recibir este dinero, los afectados deben acceder de forma voluntaria, informó una nota de prensa de la CSS. El comunicado agrega que la CSS continuará dando los servicios de salud, los medicamentos y los tratamientos que requieran los afectados que son asegurados, se acojan o no a la pensión vitalicia propuesta.
Mientras, el Ministerio de Salud, de la misma forma, seguirá con la atención a las personas que no están aseguradas.
Para el dirigente del Comité de Familiares por la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, esta decisión de la Junta Directiva de la CSS es una burla. “Con esta decisión se comprueba que la Junta Directiva no tiene independencia, siguen las órdenes de la administración de la CSS”, manifestó.
El dirigente señaló que la agrupación no está pidiendo limosnas, sino que se le ayude a sufragar los gastos de medicamentos, transporte para ir a sus citas, una alimentación adecuada; que vaya conforme a las afecciones que cada uno sufre y que no son más que secuelas que el veneno les dejó en su organismo.
Agregó que hoy la agrupación sostendrá una reunión en la que se determinará qué acciones se van a tomar en contra de la decisión.
Apelación.
Por otro lado, la Procuraduría anunció apelación a la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia de sobreseer el caso de varios de los imputados en este proceso por la muerte de más de 100 personas.
El fallo del tribunal decidió sobreseer provisionalmente el caso de la representante legal de la empresa Rafter International, Asunción Criado, y de otras 14 personas, entre ellas miembros de la Junta Directiva de la CSS, los exdirectores de la CSS, Juan Jované y Rolando Villalaz.
Además llamó a juicio a René Luciani, a los directivos de Medicom, Ángel y Josefa De La Cruz, al dueño de Davivienda, Teófilo Gateno, al exdirector de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís, y exfuncionarios de la CSS como Linda Thomas y Eduardo Taylor.
Al igual que el Ministerio Público, algunas de las partes involucradas en el proceso no están de acuerdo con la decisión del tribunal, por lo que no descartan presentar una apelación contra la resolución.
Desde el 2006 han fallecido más de cien personas.
