Los allegados a la cúpula gubernamental, vinculados a presuntos casos de corrupción, gozan de protección a diferencia de otros exfuncionarios de la pasada administración, que fueron detenidos de forma preventiva.
Esta disyuntiva surge luego de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia le negara una fianza al presidente de NexTV Riccardo Fracolini, detenido hace más de 100 días por el caso Caja de Ahorros.
Es la segunda ocasión que un despacho judicial le dice no a la solicitud de los abogados de Francolini.
En varias ocasiones, expertos en materia jurídica y críticos de la gestión guberamental han mencionado que en Panamá existe la justicia selectiva y la persecución política.
No obstante, otros tres imputados en este mismo caso fueron favorecidos con medidas distintas a la de Francolini o la de Jayson Pastor, los únicos presos por el préstamo de 9 millones de dólares que realizó la institución bancaria a la empresa HPC-Contratas-P&V durante la administración de Ricardo Martinelli.
Por ejemplo, Anastacio Ruiz De León, ex miembro de la junta directiva de aquel banco estatal, es esposo de la hija del magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escofery.
Hay que recordar que en diciembre de 2014 el presidente Juan Carlos Varela designó a Escoffery para que ocupara por diez años más el cargo que ha ejercido durante más de dos décadas.
Luego de dos indagatorias, la Fiscalía Primera Anticorrupción le otorgó una medida de impedimento de salida del país a Ruiz De León.
En tanto que a Rodrigo Arosemena, el exsubgerente de la CA, fue favorecido con una orden de país por cárcel. Arosemena es cuñado del ministro de turismo Gustavo Him que a su vez es amigo personal del presidente Juan Carlos Varela.
Otro ex directivo de la CA que parece intocable es Ricardo Arango Pezet. Arango es esposo de María Luisa Navarro, viceministra de asuntos bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este último también fue liberado, aunque en teoría no pude viajar al extranjero.
