El abogado Jorge Alexander Molina Mendoza rompió el silencio ayer utilizando al diario La Prensadonde ocupa el cargo de vicepresidente, para señalar que es falso un fallo de la Corte que lo califica de negligente en un conflicto legal donde debió defender los intereses del Estado.
“La información es falsa y tendenciosa”, dijo Molina a La Prensa, diario que a la vez aseguró que la publicación del Panamá América es parte de una campaña de ataques del Gobierno en contra de sus periodistas y directivos.
Sin embargo, el medio no da a conocer el caso donde su directivo y vicepresidente es señalado de haber causado un perjuicio millonario al Estado por deficiencias en sus servicios. Esto a pesar de que Molina mantenía un contrato con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por 5 mil dólares mensuales, mientras también fungía como directivo del diario La Prensa.
Ayer la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, anunció que la institución decidió proceder legalmente contra Molina y la firma de abogados IGRA por los perjuicios causados al Estado.
Indicó que la próxima semana estarán dando a conocer la cifra que reclamarán para luego interponer la demanda ante los tribunales correspondientes. “Estamos a tiempo”, comentó la administradora de la ASEP.
El caso.
A inicio del actual Gobierno Molina y la firma IGRA recibieron un contrato por 5 mil dólares mensuales para representar a la ASEP en una demanda que le había interpuesto la empresa La Mina Hidro-Power Corp. por la suspensión de una concesión hidroeléctrica en Chiriquí en el 2006.
El 11 de noviembre de 2010, la Sala Tercera de la Corte falló a favor de la compañía y destacó en su informe que la firma IGRA, específicamente Molina, “abandonó” los intereses del Estado, causándole un importante perjuicio.
Detalló que la defensa de la ASEP, en manos de Molina, solo se dedicó a presentar un informe de conducta, algo que calificó como una “actitud poco diligente”. Esta semana, la empresa InterCarib, antes Hidro-Power Corp., anunció que ya interpuso otra demanda contra la ASEP por daños causados y lucro cesante a un costo de 103 millones de dólares.
InterCarib dijo que este monto reclamado se incrementa cada mes a medida que la Corte demore en resolver el caso.
InterCarib señaló que la indemnización es un proceso separado al de la restauración de su concesión.
Ayer la administradora de la ASEP confirmó que se están barajando varias alternativas para que InterCarib pueda retomar la hidroeléctrica, pero dijo que es un proceso complicado porque otra empresa, Ideal Panamá de Carlos Slim, ya había construido la obra con base en una concesión que ahora se tiene que anular por el fallo de la Corte.
