Aunque las figuras influyentes de la administración Varela 'satanizaron' el caso Finmeccanica durante el periodo electoral y en los primeros meses de gobierno, su posterior visto bueno a un acuerdo con la empresa italiana dejó de manifiesto que nunca hubo tales anomalías.
Desde su llegada al poder, el presidente Juan Carlos Varela y sus ministros emprendieron una campaña mediática de descrédito a la compra de 19 radares fijos para combatir el narcotráfico en las costas, calificando la transacción de “anómala” y alegando coimas de por medio.
Discurso previo
Esto llevó a que en agosto de 2014, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, anunciara la suspensión del proyecto de instalación de radares,y adelantaba que el Gobierno preparaba acciones legales contra esta empresa, debido a las “serias deficiencias en los equipos de radares”, contratados por la anterior administración, del presidente Ricardo Martinelli.
Pero un mes después, el propio presidente Varela reconocía que -pese a la suspensión del proyecto de radares-, su administración había hecho nuevos pagos a Finmeccanica. “Aunque me hubiera gustado no haber pagado”, dijo en ese momento.
Y en agosto de 2015, el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, actuando en representación del Estado, interpuso una demanda, afirmando que Agafia Corporation, sociedad constituida por Valter Lavitola, detenido en Italia, había sido “el medio utilizado para pagos de coimas a funcionarios panameños por la firma del contrato para la compra de radares”.
Cambio de discurso
Pero después de tantas descalificaciones, y hasta de un proceso que privó de libertad (por 6 meses) al exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, en febrero de este año el gobierno anunció un acuerdo con Finmeccanica y sus filiales, Selex, AgustaWestland y Telespazio, alegando supuestos beneficios para el Estado panameño de $100 millones.
Hasta la procuradora Kenia Porcell, quien se había mostrado crítica con Finmeccanica, emitió en 11 páginas su “concepto favorable al acuerdo alcanzado entre el Estado y el conglomerado italiano”.
“Teníamos limones, y con eso hicimos limonada”, se limitó a decir el embajador de Panamá en Roma, Fernando Berguido, para atajar las críticas por este acuerdo.
Berguido expresó que era mejor esto a continuar con una disputa judicial que “podría costar otros $20 o $30 millones más”
El abogado Ebrahim Asvat fue una de las voces que reaccionó en contra del acuerdo, resaltando -además- que “el tema central de la corrupción y las supuestas coimas quedó saldado”.
Y el jurista Ernesto Cedeño ironozó: “Me acuerdo que dijeron que todo estaba mal con los italianos y deseaban que se llevaran todo lo que nos habían dejado. ¿Ahora avalan lo hecho?”.
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José Raúl Mulino
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Redacción/@panamaamerica
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