La Contraloría General de la República y el Ministerio Público guardaron silencio ayer sobre el descubrimiento de comisiones secretas en la compra de 19 radares, 6 helicópteros y un mapa cartográfico del país, que ordenó el Gobierno de Panamá a la empresa italiana Finmeccanica, a un costo de 333 millones de dólares.
En total, se pagarían 33 millones de dólares en comisiones a la sociedad local Agafia Corp. en concepto del 10% por el servicio de agente comercial en Panamá, causando un importante impacto en el costo real de los equipos que adquiere el Gobierno.
Ninguna de las dos instituciones quiso responder a la pregunta de si abrirán procesos de investigación para determinar irregularidades en la millonaria contratación.
Incluso, la Contraloría se negó a dar detalles, de cuál fue el proceso de fiscalización que utilizó para refrendar esta compra, bajo el concepto de seguridad nacional.
Cuestionario.
Panamá América también envió cinco preguntas, vía electrónica, al departamento de relaciones públicas de Finmeccanica para conocer su versión del pago del 10% de comisión en los tres contratos firmados con el Gobierno panameño, a favor de una sociedad recién creada llamada Agafia Corp.
Los contratos fueron firmados individualmente por tres de las filiales de Fimencanica: AgustaWestland, Selex y Telespazio.
La sociedad tiene como directores a tres allegados del exconsultor de Finmeccanica y hoy prófugo de la justicia italiana, Valter Lavitola.
Entre ellas se encuentra la presidenta de Agafia Corp, Karen De Gracia Castro, íntima amiga de Lavitola. Sin embargo, el argentino Gustavo Franchella ha presentado dos documentos notariados que lo acreditan como el dueño del 100% de las acciones de la sociedad que recibirá 33 millones de dólares de comisión por la compra de los radares, helicópteros y el mapa digital.
Las transacciones gubernamentales para la adquisición de los radares y helicópteros, así como el pago de los 33 millones de dólares en comisiones, no pasó inadvertida para la clase política, que exige explicaciones del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
Tanto el diputado opositor José Luis Varela, como el analista político Edwin Cabrera, abogaron porque el ministro Mulino dé las respectivas explicaciones en torno a cómo se dieron las negociaciones.
Pese a reconocer que hay detalles que son de seguridad nacional, Varela indicó que el manifestó debe reconsiderar y explicar bien a una comisión de la sociedad civil o en la Asamblea Nacionalde Diputados, los detalles como la parte técnica, el precio de instalación y lo propio en cuanto a los radares.
A diferencia de Varela, Cabrera manifestó que, debido al impacto que ha tenido este tema en la opinión pública, lo mejor que puede hacer Mulino es dar todas las explicaciones, cuantas veces sea necesario, ante el país.
Ante las voces que piden la renuncia de Mulino, indicó que lo más importante son las explicaciones que se deben dar.
Panamá Américaintentó obtener reacciones en el Ministerio de Seguridad, pero al contactar al ministro Mulino, nos informó que estaba en una reunión en Washington, Estados Unidos y por tal razón no podía hablar en el momento.
Al consultar sobre el tema al viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, la llamada telefpnica fue interrumpida.
