La Corte Suprema de Justicia no admitió un Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, contra la decisión del contralor, Anel Flores, de reducir el monto máximo de refrendo permitido a funcionarios de la Contraloría en ese municipio.
De acuerdo con la Resolución No. 150-DNFG del 16 de enero de 2026, el tope de refrendo para los coordinadores, jefes y supervisores de fiscalización pasó a ser de mil dólares ($1,000), cuando antes era de hasta 50 mil dólares ($50,000).
Con esta disposición, todo refrendo de actos de manejo de bienes y fondos públicos que emita el Municipio de San Miguelito y que supere los mil dólares deberá pasar directamente a la sede central de la Contraloría.
Hernández presentó, por medio del abogado del municipio, Claudio Francis McDonald, una acción de Amparo de Garantías contra dicha resolución con el fin de suspenderla y dejarla sin efecto.
No obstante, el pasado 18 de mayo, el Pleno de la Corte Suprema, de forma unánime, no admitió la acción, decisión que fue notificada a las partes este martes 9 de junio.
En su momento, Hernández calificó como exagerada la decisión de la Contraloría.
"Es una medida exagerada, no es usual de parte de un ente que tiene que fiscalizar. Esto va a significar más papeleo, más personal, más tiempo administrativo y mucha más lentitud en todos nuestros procesos. Eso no es lo que esperan los vecinos de San Miguelito", expresó.
Por su parte, el contralor Anel Flores descartó que la medida haya sido tomada por presiones políticas.
A inicios de año se dieron diferencias entre ambas autoridades debido al servicio de aseo en el distrito de San Miguelito, el cual fue asumido de forma unilateral por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.
Flores no refrendó las contrataciones de tres empresas, escogidas por el municipio, que iban a brindar a recoger la basura, por seis meses.
1,000
dólares es el monto máximo de refrendos en el Municipio de San Miguelito con la última resolución.
150
es el número de la resolución de la Contraloría firmada el 16 de enero de 2026.
