El director General de Ingresos, Luis Cucalón, salió ayer al paso de las acusaciones del presidente fundador del diario La Prensa, Roberto Eisenmann, quien dice ser perseguido por el gobierno a través de auditorías fiscales a su empresa Desarrollo Golf Coronado S.A.
Eisnmann dijo en La Prensa que fue notificado de un alcance fiscal por 1.5 millones de dólares,“basado en una sarta de disparates, que deja en evidencia que es una auditoría política”.
Cucalón, sin embargo, afirmó que no existe tal persecución política y que lo único que se busca hacer es que las grandes empresas paguen sus impuestos como se debe.
“Ya era hora de que la evasión de impuestos en Panamá se atacara, y por ello seguirán con las auditorías a todos los grandes negocios”, afirmó.
Cucalón dijo que en el caso de la compañía de Eisenmann, la auditoría se inició hace ochos meses, y tardó porque el empresario tenía la mitad de la documentación o facturas en Panamá y la otra en Coronado, lo que está prohibido por Ley.
Señaló que solamente este hecho le permitía multar a Eisenmann, pero no lo hizo.
“Ahora, cuando el señor Eisenmann vio que se le estaba haciendo el cierre final de la auditoría, salió a hablar mal del Presidente de la República, para hacerse el mártir”, argumentó el director de Ingresos.
Los elementos que conllevaron a efectuar la auditoría a Desarrollo Golf Coronado S.A, en la que Eisenmann es el presidente y representante legal, no fueron revelados por el funcionario, argumentando que es información que no se puede divulgar a la ligera, porque la Ley lo prohibe.
No obstante, fuentes de la DGI revelaron que el alcance fiscal está relacionado a un sistema de crédito o préstamos que levantó Eisenmann para vender lotes en Coronado.
En lo que insistió Cucalón fue en que las auditorías fiscales no están vinculadas al tema de la libertad de expresión en el país.
“¿Cobrar los impuestos, dinero que le pertenece al Estado, es callar la libertad de expresión?”, se preguntó.
Rrecordó que ya un caso de auditoría a un medio de comunicación fue presentado ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el veredicto fue que se podría auditar el medio cuantas veces quisiera, y eso no es coartar la libertad de expresión.
En los últimos dos años la Dirección General de Ingresos (DGI) ha auditado a 300 empresas del país por posible evasión fiscal, logrando recuperar para el Estado 90 millones de dólares.
Entre las empresas ya auditadas se encuentran 15 emisoras, entre ellas, siete casos de diputados de la alianza de Gobierno.
En todos los casos de estas emisoras se hicieron alcances fiscales y pagaron, según informó la DGI.
“Lo que nunca se ha hecho es inventar cifras y tratar de cobrar de más”, indicó Cucalón.
La Prensa concluyó ayer, no obstante, que la auditoría fiscal a Eisenmann se debe a que él ha sido un duro crítico de la gestión del presidente, Ricardo Martinelli, durante los últimos dos años.
Por su parte, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Camacho, pidió a Eisenmann que acuda ante el Ministerio Público a interponer las denuncias de corrupción de las que dice tener conocimiento y que aporte las pruebas pertinentes.
