Ante la diferencia entre la medida cautelar impuesta a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Anabelle Villamonte, y al florista César Segura, por el caso del terreno en Paitilla, los cuestionamientos no se han hecho esperar.
La explicación que brindó el procurador José Ayú Prado sobre este tema apuntó al artículo 2140 del Código Judicial, que establece que para poder aplicar la detención preventiva se necesita que el delito tenga una pena mínima de cuatro años de prisión, y el delito contra la administración pública, formulado a Segura, posee una pena de cuatro a seis años de prisión, por tratarse de un particular.
Destacó que en el caso de Villamonte no cabría la detención preventiva, por tratarse de una funcionaria. La legislación estipula que la pena es de tres a seis años de prisión. A ambos se les investiga por los delitos contra la administración pública y contra la fe pública.
Este argumento es cuestionado por Dionisio Rodríguez, abogado de Segura, quien manifestó que contra el exdirector del IMA, Diomedes Jaén, investigado en otro caso por los mismos delitos, se actuó de manera diferente y sin importar la pena mínima se le detuvo.
Para el exprocurador Rogelio Cruz, estas disparidades en la aplicación de justicia son las que dejan el sinsabor de la impunidad en la ciudadanía panameña.
