El presidente de la República Juan Carlos Varela se ha equivocado al señalar que el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, se está extralimitado en sus funciones al recomendar la separación del administrador de Tocumen S.A. Carlos Duboy, mientras dure la investigación del caso Odebrecht.
Rigoberto González solicitó la separación del cargo de Duboy por las donaciones políticas de Odebrecht.
Sin embargo, ayer el presidente en tono molesto dejó en claro que no reemplazará al administrador de Tocumen y puso en duda las recomendaciones del procurador de separar del cargo a Duboy.
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Ante esto, algunas figuras como el comentarista político Juan Carlos Tapia han sugerido al procurador abandonar su cargo.
Tapia refirió que "su opinión está siendo ignorada. Denuncie y renuncie".
Hace años cuando la exprocuradora Ana Matilde Gomez; se quejaba de ser presionada por el Presidente de turno Martinelli, le dije públicamente: denuncie y renuncie. Hoy se lo digo al Procurador de la Administración. Su opinión está siendo ignorada. Denuncie y renuncie.
— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) 15 de diciembre de 2017
Incluso, cuando el presidente Varela dejó entrever que no es facultad constitucional del procurador de la administración hacer este tipo de recomendaciones. "Eso no es facultad del procurador de la administración", aseguró Varela al sostener que "estaría inclusive cruzando líneas que no van con su cargo".
Sin embargo, para el abogado Ernesto Cedeño, la Constitución Política de Panamá dice que el Ministerio Público vigila la conducta oficial de los funcionarios y la ley 38 del 2000 empodera de esas funciones, la vigilancia de las conductas de los funcionarios, al procurador de la Administración.
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"Está en el derecho constitrucional y legal de hacer recomendaciones a personas para que se ajusten al plano de la legalidad; las palabras del procurador deben ser validadas dentro del plano de lo legal, y el presidente a mi juicio lo que hizo fue cometer un error", sentenció.
Sostuvo que ya el presidente Varela ha hecho caso omiso a la opinión de la persona encargada de orientar a los servidores públicos.
A su vez, Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana por la Justicia, destacó que el procurador González es el abogado de los funcionarios públicos, y como tal está facultado para orientar con relación a los señalamientos que se les hace a funcionarios públicos.
Sostiene que la opinión del procurador lo hace en su condición de hacer cumplir con el perfil de los funcionarios alejados de actos que riñen con su labor ética.
El abogado Cedeño planteó que en un país como el nuestro el verbo renunciar no se conjuga entre las personas de alto perfil, y en regiones como Europa el funcionario hubiera renunciado por dignidad, pero aquí falta ética y valores, y para hacerlo el pueblo es el que debe llevarlo a ese plano o la Junta Directiva de Tocumen.
"Mientras estén recibiendo un emolumentos son ciegos, sordos y mudos", manifestó.
