La persecución política que emprende el Gobierno contra quienes critiquen su gestión, supuestamente, sería el detonante de varias destituciones injustificadas que se han registrado los últimos días en instituciones públicas.
Esto ha ocurrido en entidades como el Ministerio de Trabajo, donde un exfuncionario, identificado como Manuel Murillo, quien laboraba como oficial de seguridad, señala haber sido destituido luego de participar de la concentración del pasado 9 de enero en la Cinta Costera.
Oficialistas acusaron a Murillo de ser uno de los instigadores de las arengas que le gritaron al presidente Juan Carlos Varela frente a su residencia.
"El ataque político posterior del día 10 de enero y el del transcurso de esa misma semana ahora ha continuado en el campo laboral, en un claro acto violatorio y contraviniendo acuerdos internacionales, como la Carta de Derechos Humanos y la Constitución Política de Panamá", reclamó el exfuncionario.
