El Decreto Ejecutivo 302 que busca beneficiar a agentes de la Policía Nacional que ocupan cargos civiles, sigue causando rechazo en algunos sectores de la población. VEA TAMBIÉN:[Jubilación especial para jefes de Seguridad es una artimaña política].
Abel Batista, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), indicó que todos los trabajadores panameños tienen derecho a tener privilegios y no solo un sector.
Batista se basa en el artículo 19 de la Constitución, que señala que "no habrá fueros, privilegios ni discriminación por raza, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
Desde 2001, los educadores cuentan con una mal denominada jubilación especial, denominada Programa de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), debido a que después de 28 años de servicio, el cual con sus altas y bajas se ha quedado corto ante el aumento del costo de la vida.
No obstante, el decreto 302 ha sido considerado por muchos como una línea política y hasta han pedido que se derogue, ya que unos 10 militares se jubilarían con desembolsos adicionales del Estado que superan los $15 millones.
Los beneficiados cuentan con salario promedio de $7,000, suma que se mantendría en su jubilación, mientras que la población solo puede aspirar a una jubilación con un máximo de $2,500 y bajo ciertas prerrogativas.
Para el representante de AEVE, esta puede ser una medida del Ejecutivo para tener a los uniformados de su lado y luego usarlos para represión, como ha ocurrido en la comarca Ngäbe Buglé, Colón y la capital.
