A pesar del rechazo al proyecto de ley que adecúa las funciones de la Sala Quinta, que incluso ayer generó enfrentamientos a golpes en la Asamblea Nacional, el presidente Ricardo Martinelli anunció que designará a los tres magistrados que componen esa instancia en la Corte Suprema de Justicia.
Mediante un comunicado de prensa, el mandatario sostuvo que debido a las declaraciones del presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, se acogerán las instrucciones contenidas en el fallo de enero de 2011, que da vigencia a la Sala de Instituciones de Garantías, y procederá a la designación de sus magistrados.

Señalamientos.
Ayer el presidente de la Corte responsabilizó al Órgano Ejecutivo y al Legislativo de la zozobra que vive el país producto del proyecto de ley que intenta regular el funcionamiento de la Sala Quinta.
Moncada Luna indicó que la responsabilidad del Ejecutivo radica en que desde hace tiempo debió nombrar a los tres magistrados de la Sala Quinta, como dictaminó el fallo de la Corte en el 2011.

El presidente del Órgano Judicial también afirmó que no le corresponde a la Asamblea Nacional reestructurar al Órgano Judicial.
El jurista añadió que lo que decida el Legislativo bien podría ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad y en la Corte se determinará si lo es o no.
Las declaraciones Moncada Luna se dieron en medio de la entrega del anteproyecto de reformas constitucionales que efectuó el Consejo de Notables al presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Disturbios.
Mientras Moncada Luna emitía sus señalamientos en contra del Ejecutivo y del Legislativo, en la Asamblea Nacional militantes de los diferentes partidos políticos e integrantes de la sociedad civil gritaron consignas a favor y en contra del proyecto de Sala Quinta, las cuales concluyeron en forcejeos, golpes e insultos.
Los enfrentamientos entre ambos sectores provocó que la discusión del proyecto fuera suspendida hasta hoy martes.
Informe.
Conocidos los argumentos emitidos por el coordinador de los notables, Rolando Murgas Torraza, el mandatario dijo que no está de acuerdo con la creación de un “tribunal constitucional” debido a la experiencia negativa que la iniciativa ha tenido en otros países.
Martinelli justificó sus apreciaciones manifestando que “eso ha hecho inoperante a algunos países, y puede hacer que todos los proyectos que haga el Estado o todas las leyes que crea la Asamblea sean demandadas constitucionalmente en una nueva sala”.
La reelección presidencial también fue objeto de señalamientos por parte de Martinelli, quien pidió que se elimine la reelección total para quienes han ocupado el cargo de presidente y vicepresidente de la República.
Reacciones.
Ante la oposición del mandatario a la creación de una corte constitucional, la exmagistrada y miembro del Consejo de Notables Esmeralda de Troitiño explicó que en primer lugar el mandatario erró al decir que se trataba de un tribunal constitucional.
La exmagistrada dijo que no comparte la posición del mandatario, debido a que esta institución daría un verdadero cambio en el sistema judicial.
Troitiño explicó que esta nueva institución atendería exclusivamente la protección de los derechos fundamentales en el sistema de garantías, impidiendo que ello quede en manos de tres personas. La nueva entidad también atendería el control de la constitucionalidad.
Quien también se mostró en desacuerdo con los señalamientos del mandatario fue Rolando Murgas Torraza, quien indicó que los notables creen y abogan por una corte constitucional.
Por su parte, Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte, aseguró que si se diera un debate en el que se expliquen las ventajas y desventajas tanto de la Sala Quinta como de la Corte Constitucional, el mandatario cambiaría su punto de vista.
Propuestas.
Adicional a la Corte Constitucional, la iniciativa, que contiene 590 artículos, incluye la creación de la Autoridad del Agua, que prohíbe la pena de muerte.
La propuesta incluye elevar a rango constitucional el reconocimiento de prima de antigüedad y el Décimo Tercer Mes, así como el fuero de paternidad, nulidad del despido discriminatorio y participación tripartita en el sistema de relaciones laborales.
Se plantea la creación de auxilios económicos para asegurar la gratuidad de la enseñanza, derecho y promoción a los deportes, acceso a los medicamentos, pensiones no contributivas para los adultos mayores, entre otros aspectos.
Estas iniciativas serán analizadas por el Ejecutivo, para luego pasar a su análisis en la Asamblea.