Polémica fue lo que creó la declaración del presidente Juan Carlos Varela sobre el llamado a un arbitraje que debería hacer el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
Y es que tanto Suntracs como la Capac no están interesados en tener a un intermediario para resolver sus conflictos de nuevos salarios para los trabajadores.
Por un lado, Saúl Méndez le confirmó a Panamá América, que "el Ejecutivo no puede, según la Constitución y las leyes, convocar un arbitraje en este conflicto entre Capac y Suntracs".
"Los trabajadores podemos solicitar el arbitraje, pero eso solo lo puede autorizar la Asamblea General del Suntracs", sostuvo el secretario general del grupo izquierdista.
Mientras, la Cámara Panameña de la Construcción dejó explícitamente clara su determinación de mantenerse negociando en forma directa con el sindicato para encontrar un acuerdo aceptable para las dos partes.
Toda esta controversia por un posible arbitraje llega después de 26 días de huelga nacional decretada por parte de los trabajadores del Suntracs, quienes exigen a la Capac mejoras sustanciales en el pago de salarios.
Estrategias
La única estrategia que maneja Suntracs, se llegue o no a un entendimiento con la otra parte, antes del 15 de mayo, -fecha límite que dio Varela-, es seguir en huelga.
En medio de los comentarios del presidente de la República, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, dijo que un arbitraje "no puede ser ordenado o convocado, no está dentro de sus facultades constitucionales".
Entre tanto, el abogado Ernesto Cedeño y Héctor Ortega, presidente de la Capac, concuerdan con lo expuesto tanto por Méndez como por el CNA.
"El Ejecutivo no tiene capacidad jurídica para convocar un arbitraje, lo único que pueden hacer es sugerir que se haga, ya que esto es un conflicto entre la empresa privada y un sindicato".
De igual manera lo expuso la Capac en un comunicado en el que expresa: "Es potestad exclusiva del Suntracs, y en caso de que el sindicato lo pida, una vez instalado el tribunal se levanta la huelga".
Ayer, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), también frenó las intenciones de Varela y solicitó apoyar a la Capac y el Suntracs, mientras concretan un acuerdo "sin limitación de tiempo o presión de un arbitraje".
"Reconocemos la preocupación del Ejecutivo por el costo económico y las demoras en las obras públicas que ha causado esta huelga", indicó Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, en un comunicado.
También le recordaron al Gobierno, que las dos partes involucradas en la huelga han negociado durante los últimos 40 años en unas 10 ocasiones.
Y es que en este caso específico de huelga legal, el Ejecutivo "lo más que puede hacer es motivar a que se llegue a un acuerdo", sentenció Cedeño.
Arbitraje legal
Para que se dé una intervención de mediador, el Suntracs, que fue el que declaró la huelga, debe pedirlo, y de paso, la Capac debe avalarlo.
Pero eso no está en los planes del movimiento del Suntracs, que durante todos los días que llevan sin trabajar, han logrado mantener a sus miles de trabajadores controlados y fuera de violencia.
Con la paralización de unos 260 proyectos, entre ellos, la Línea 2 del Metro de Panamá, mejoras a la vía Transístmica desde la estación de San Isidro hasta El Ingenio y trabajos en la terminal aérea de Tocumen, las pérdidas ascienden tentativamente a unos $570 millones.
Según datos ofrecidos por la Capac, los obreros han dejado de percibir cerca de $60 millones en salario durante los días que van de la huelga, situación que afecta directamente a las familias de los trabajadores que no cuentan con un sustento quincenal.
