Ochocientos noventa mil dólares deberá desembolsar el Estado panameño en indemnizaciones a familiares de víctimas de la dictadura militar que dio inicio con Omar Torrijos y finalizó con el derrocamiento del exdictador Manuel Antonio Noriega.
El primer caso se registró en el año 2008, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el pago de 190 mil dólares a la familia del dirigente sindicalista Heliodoro Portugal, en concepto de daños y perjuicios, por su desaparición y muerte en el año 1970.
En este dictamen obligó a la Nación a designar una calle con el nombre de Heliodoro Portugal. En mayo del 2010 se bautizó con este nombre la calle donde fue visto por última vez el dirigente sindicalista en Santa Ana, cerca del conocido Café Coca Cola.
Portugal, padre de la actual defensora del Pueblo, Patria Portugal, desapareció en junio de 1970 cuando fue detenido por militares. Sus restos fueron hallados en el antiguo Cuartel Militar de Los Pumas, en el corregimiento de Tocumen.
Rita Wald.
El segundo caso por desapariciones forzosas que el Estado debe enfrentar económicamente, fue el recién “acuerdo amistoso” en que el Gobierno panameño y la familia de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo llegaron durante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washington, sin que mediara un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Wald desapareció en 1977 cuando tenía 17 años de edad.
El acuerdo con la agencia internacional de noticia Efe, el convenio que se dio entre la familia Wald y el Gobierno panameño contempla una reparación económica por el orden de los 700 mil dólares.
Este dinero pactado por el daño material, inmaterial o moral causado por la desaparición forzada de Wald será destinado a una fundación que se creará con su nombre, para defender los derechos humanos y ayudar a encontrar restos de la dictadura militar, en especial los de la joven desaparecida.
El Estado se comprometió a pronunciarse públicamente, pedir perdón y responsabilizarse de los hechos suscitados contra la dirigente estudiantil.
Las autoridades propusieron continuar las investigaciones, sancionar a los responsables y continuar la búsqueda de los restos.
Otra de las acciones que abarca el convenio es la designación de una escuela con el nombre de Rita Irene Wald Jaramillo y la creación de la "Plaza de los Desaparecidos" para honrar a todas las víctimas de este tipo de crímenes de la dictadura militar.
Wald figura entre las 110 personas desaparecidas durante la dictadura militar que contempla el informe elaborado por la Comisión de la Verdad en el año 2001. Este es el primer acuerdo amistoso alcanzado por las autoridades panameñas en materia de desapariciones forzosas.
Los familiares de Rita Wald, en noviembre de 2010, habían renunciado a este convenio amistoso tras gestionarlo sin éxito desde el 2006, pero al final se logró consensuar, aunque con una disminución de más del 50% de la propuesta de reparación económica planteada en primera instancia.
El documento del acuerdo debe ser presentado ante la Cancillería de Panamá y los 14 ministros de Estado.
Tanto el acuerdo amistoso logrado por los familiares de Wald y el fallo dictado por la CIDH en el caso Portugal obligan a la Nación panameña a tipificar los delitos de desapariciones forzadas y torturas.
A inicios de este año la Asamblea Nacional aprobó la tipificación de la desaparición forzada de personas y la tortura. La modificación sanciona con penas de entre 15 y 20 años de prisión por privación ilegal de libertad de una o más personas, cometida por agentes del Estado. De 2 a 3 años de prisión al funcionario que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud y dignidad, y de 5 a 8 años si el castigo es infamante, vejación o medidas arbitrarias o si es contra un menor.
Además, contempla penas de 10 a 15 años por el delito de tortura.
