En lo que va del 2011, la Unidad Especializada de VIH/Sida de la Defensoría del Pueblo recibió 20 denuncias de discriminación en contra de empresas que condicionaron, incluso, hasta negaron, una plaza de trabajo por una prueba para detectar este virus.
Reportes del Ministerio de Salud dan cuenta de que en Panamá unas 15 mil personas son portadoras del VIH o tienen sida.
Edith Tristán, de la Unidad de VIH/Sida de la Defensoría, explicó que la discriminación se trata de una anomalía de abierta violación a los derechos de las personas con esta enfermedad, que contradice la Ley 3 de 2000, sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el VIH y el sida.
La norma, en su artículo 37, establece que “ningún patrono público o privado, nacional o extranjero, está autorizado para solicitar dictámenes y certificaciones médicas al trabajador o trabajadora, sobre los portadores del virus, para efectos de obtener un puesto laboral o para conservarlo”.
Es una práctica ilegal que con frecuencia utilizan los patronos -dijo Tristán-, por lo que es urgente que se modifique la ley.
Informó que ya se adelantan conversaciones sobre la materia, en las que se defina a qué instancia le corresponderá aplicar las sanciones.
Hasta ahora, solo se hacen llamados de atención moral, si la víctima interpone la denuncia. “La ley está agonizando, está en etapa terminal a falta de promoción en la población”, dijo.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Antonio Fletcher, recomendó a los que tengan una denuncia presentarla ante las instancias correspondientes.
Sin embargo, advirtió que “si no hay responsabilidad en la denuncia, tampoco puede haberla en el proceso”, al referirse a las denuncias anónimas que se presentan ante las autoridades.
