La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó 1.5 millones de dólares para enfrentar la defensa legal contra la demanda que presentó la empresa Sacyr, que construyó el tercer juego de esclusas, contra el Estado.
La constructora demandó al Estado ante las Naciones Unidas, en septiembre de 2018, como parte de una disputa por sobrecostos vinculados a la ampliación del Canal de Panamá.
Considera que Panamá ha violado el acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones suscrito con España.
