Las empresas a las que se les compruebe su relación en actos de corrupción podrían ser inhabilitadas para contratar o participar en actos de licitación que realice el Estado panameño.
Esta iniciativa surge luego de la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 514, sobre la no prescripción de los casos de corrupción.
Luego de un extenso debate se llegó a la conclusión de que es necesario ahondar aún más en el tema, pues surgen diferentes propuestas de modificaciones al texto original, que tiene como fin eliminar la impunidad a los que participen en los delitos de corrupción contra la administración pública.
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En este sentido, el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, manifestó que cualquier ley que busca condenar a aquellas personas o empresas que se vean envueltas en actos de corrupción es de gran beneficio para el país.
Sin embargo, indicó que a la propuesta de ley, presentada por miembros de la sociedad civil, se le debe realizar una serie de modificaciones para que la misma tenga mayor alcance.
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Entre las modificaciones que el secretario general del PRD, en conjunto con un grupo de diputados, propone está inhabilitar a las empresas que resulten condenadas para contratar con el Estado, cuando se compruebe su relación en actos de corrupción.
También, que se adicione un artículo nuevo que señala que si un acusado solicita una prueba que lo vincule en un acto de corrupción, y no reciba respuesta en un término de dos meses, se suspenda la investigación.
