La jueza decimocuarta de Circuito Penal de Panamá, Vilma Urieta, se acogió al término que dictamina la ley (30 días) para resolver el expediente en perjuicio de la Caja de Ahorros, en el que se encuentran imputadas 22 personas por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
Durante esta audiencia, que demoró cuatro días, los abogados defensores en sus alegatos tumbaron los argumentos del Ministerio Público sobre este caso.
Incluso la abogada defensora de Riccardo Francolini, Marcela Araúz, expresó que las 22 personas vinculadas a ese proceso son inocentes de los cargos que se les imputan.
Explicó que hasta la fecha, la fiscal Tanya Sterling no ha podido probar que hubo delito.
Primero, porque el préstamo de 9 millones de dólares que la CA le otorgó al consorcio HP Contratas-P&V fue cancelado en su totalidad, además, el Estado ganó 1 millón de dólares en intereses.
Asimismo, aseguró que se trata de un caso inusual, ya que, según esta, Sterling reconoció que ella no conoce de banca y finanzas.
