Un nuevo revés sufrió el Ministerio Público, luego de que el Juzgado Décimosegundo Penal sobreseyó provisionalmente a los empresarios Jean Figali y a Mario Virzi por el delito de blanqueo de capitales.
El fallo, con fecha del 21 de noviembre del 2011, establece que los medios de justificación dentro de las sumarias no son suficientes para acreditar el delito de blanqueo de capitales.
Según la resolución, firmada por la jueza Marlene Morais, el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que dio pie a que la Fiscalía contra el Crimen Organizado arrancara la investigación, eran alertas y sospechas de la posible comisión de un delito, que debían ser validadas por peritos del Instituto de Medicina Legal (IMEL).
Morais explica que los funcionarios de la UAF, en sus declaraciones, señalan que los informes de inteligencia elaborados por ellos no acreditan un delito, ya que eso le corresponde al Ministerio Público comprobarlo.
Además, sustenta que los peritos José Vergeli y Fabio Duarte, del IMEL, señalaron que requerían de una serie de documentos, como estados de cuentas bancarias e información del Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar un análisis contable del informe de la UAF.
“Una vez más se nos deja ver que estos informes no contaban con toda la documentación necesaria para que se pudiese concluir en un análisis contable idóneo”, reiteró la jueza.
Agregó que los peritos determinaron en sus auditorías que el informe de la UAF tenía una serie de inconsistencias y aseveraciones equivocadas y, que con los documentos que requerían a las diferentes instituaciones, se podía esclarecer la investigación.
Otro punto, es que la Superintendencia de Bancos conserva los documentos autorizados por ley por un periodo de cinco años y las operaciones de las empresas investigadas iniciaron hace más de 10, por lo que los peritos no tuvieron acceso a esta información.
La resolución judicial establece que el Ministerio Público no confirmó las alertas de este informe de la UAF y que, a través del áudito de los peritos, se debió comprobar la capacidad económica de Figali y sus transacciones, para confirmar si el dinero provenía de actividades delictivas.
En cuanto a que los investigados estaban vinculados a actividades provenientes del narcotráfico, el fallo determina que esto no se pudo acreditar.
Según indicó la jueza en esta resolución, quedó acreditado en las declaraciones de Figali, que las relaciones comerciales entre sus empresas y la empresa CUMEPASA fueron constituidas en el año 2002 y que la constitución de la junta directiva, con miembros que fueron investigados por delitos relacionados con drogas, fue en el año 2004. Estas personas fueron investigadas en el 2006.
Además, Morais señaló que no existen resultados de asistencias judiciales internacionales que corroboren que Figali y sus empresas son investigadas en el extranjero por delitos relacionados con droga.
Sin comprobar.
Jean Figali también fue investigado por la supuesta comisión del delito contra la fe pública, específicamente por la falsificación de su pasaporte. Sin embargo, la jueza Morais determinó que el documento fue alterado, pero no se pudo comprobar que el empresario realizó estas alteraciones al pasaporte.
La investigación en contra de las empresas de Figali empezó en el 2009.
