Una comisión de salud, integrada por el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la que deberá establecer qué hacer con las 400 denuncias de pacientes que faltan por definir si son víctimas del dietilenglicol.
Esta instancia asumirá el rol, luego de que el Ministerio Público (MP) cerrara la Unidad Especial de Investigación para los casos de Envenenamiento Masivo con Dietilenglicol el pasado 1 de septiembre.
Según el Ministerio Público, esta unidad ya cumplió los fines para los que fue creada, en febrero de 2013, por lo que se ordenó su cierre y la reubicación de su personal.
Los expedientes, documentos y las evidencias que se encontraban pendientes de trámite en esta unidad pasaron a la Fiscalía de Descarga Metropolitana.
Los pacientes que se presenten al MP a consecuencia de haber sido afectados serán atendidos por la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género.
Pero al cumplirse 11 años de la tragedia, cuya alerta se hizo pública el 2 de octubre de 2006, el principal deseo de las víctimas es que se cierre este capítulo.
Sobre este particular, Gabriel Pascual, vocero de los afectados, afirmó que esperan que la comisión de salud se reúna y defina qué hacer con los casos pendientes, que se estiman en 400 personas.
En la parte judicial, solo falta que acuda Alexis Zuleta, exdirector de Compras de la CSS, que está investido de inmunidad, al ser diputado del Parlacen.
