A partir del 2015, en Panamá se prohibió que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio; no obstante, pese a que la medida ha buscado erradicar el matrimonio temprano, en la práctica está obligando a los padres de las menores embarazadas a correr con gastos que representa traer al mundo a una criatura.
Hace tres años, se aprobó una modificación al Código de la Familia, la cual estipulaba, en los artículos del 33 al 36, que los menores de edad podían emanciparse para casarse desde los 14 años para las damas y los 16 años para los varones, y asumir su responsabilidad.
El Código de la Familia de Panamá establecía que los menores podían contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o, de lo contrario, aplicar una emancipación para eliminar la patria potestad.
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Sin embargo, Eysa Escobar, magistrada del Tribunal Superior de Familia, explicó que "ya los menores no pueden casarse y la emancipación por razón del matrimonio quedó eliminada en nuestro país".
No obstante, dicha regulación se avaló en medio de una prevalencia de embarazos en niñas con edades entre los 10 y 18 años, que representan el 30% del total de mujeres en estado de gravidez registradas en Panamá durante el año pasado.
El Ministerio de Salud (Minsa) reveló que en el 2017, las jóvenes embarazadas totalizaron 9,912, de un total de 32 mil 826 mujeres que recibieron el control de embarazos.
En la provincia de Panamá se dieron 3,312 casos, unos 1,584 corresponden a la región de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres, y del resto, 1,242 fueron en Panamá centro y 486 se registraron en Panamá Este.
Incluso, las provincias con mayor cantidad de niñas embarazadas son Chiriquí y Veraguas, así como la comarca Ngäbe-Buglé.
Raúl Bravo, coordinador nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, explicó que por muchos años se mantuvo el mismo porcentaje de partos por madres adolescentes, pero se ha dado una tendencia a la disminución, a pesar de la gran cantidad de casos que hay.
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Afirma que las causas de embarazos en menores son multisectoriales, las cuales reducen el acceso a los servicios de educación y salud de las menores.
Sostiene que los costos para el Estado de una adolescente embarazada son altísimos porque representan un gasto laboral al no completar la escuela y se agravan con la disparidad de género, pues la balanza se inclina hacia los hombres.
