El exdiputado del Partido Revolucionario Democrático y actual primer subsecretario del colectivo opositor, Pedro Miguel González, es parte de las investigaciones del fraude en el Fondo de Inversión Social (FIS).
Según la auditoría externa del FIS, González canalizó entre finales de 2008 y mayo de 2009, 622,543 dólares para desarrollar proyectos en su circuito.
Los desembolsos iban dirigidos a la compra de uniformes deportivos, programas de capacitación, construcción de tendido eléctrico y carreteras.
Durante la auditoría externa se encontró, no obstante, que el entonces director del FIS, Francisco Israel Rodríguez, le había aprobado todas las solicitudes a González como contratos por invitación directa a una sola empresa, Proyectos del Norte S.A. Más tarde salió a relucir la supuesta vinculación de González con la mencionada empresa.
Desde un inicio, todo parecía quedar en familia. Todos los proyectos y ayudas que pedía González eran manejados por la fundación Fundecmar, que preside el sobrino del exdiputado, Quibián Panay, también concejal reelegido del corregimiento de Las Cumbres-Alcalde Díaz, en la capital.
Según la firma que realizó la auditoría externa del FIS, López Consultores, se encontraron irregularidades en tres de los proyectos viales que construyó la empresa Proyectos del Norte S.A. “Tres facturas de números diferentes que tienen el mismo monto (49 mil 896 dólares) y la misma descripción del proyecto: “rehabilitación de caminos rurales en los distritos de Calobre y San Francisco”, sostiene textualmente el informe de auditoría.
El mismo documento señaló que Proyectos del Norte S.A. también cobró por una carretera de cuatro kilómetros la misma cantidad cotizada para otros dos proyectos donde la extensión era de 12 kilómetros, lo que podría ser un caso de sobrecosto en contra del Estado.
Proyectos del Norte aceptó en enero de 2010 que trabajó varios de los proyectos del exdiputado González, pero negó una vinculación en el negocio con González.
Sin embargo, la semana pasada el Tribunal Electoral ordenó levantarle el fuero electoral penal a González a petición de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que lo investiga por supuesto delito contra la administración pública.
El caso hace referencia a las transferencias bancarias que recibió González de la empresa Proyectos del Norte S.A. sin justificación alguna.
El mismo Tribunal Electoral sostiene que la junta directiva de la empresa señalada estuvo integrada por familiares y empleados de González entre febrero y septiembre de 2009.
González dijo a un medio escrito que los cheques que recibió están justificados en un contrato de alquiler de equipo pesados que tenía con Proyectos del Norte S.A.
