Luego de concluida la primera semana de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay quienes tienen poca confianza en que haya transparencia y que el Ejecutivo designe a quienes resulten mejor evaluados por el Pacto de Estado por la Justicia.
Hay quienes señalan que dentro de los 20 nombres que el Órgano Ejecutivo envió al Pacto de Estado por la Justicia, ya tiene seleccionado los dos nombres que designará para la Sala Civil y Penal en reemplazo de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, respectivamente.
En este sentido, el abogado Miguel Antonio Bernal indicó que no le cabe la menor duda de que todo lo que se está haciendo en el Pacto de Estado por la Justicia es simplemente "polvo para los ojos", para hacerle creer a la gente que están consultando.
Algo que, según el jurista, no se está dando, prueba de ello es que el Pacto por la Justicia está dominado por personas adeptas al gobierno de turno.
"Lo que está haciendo el Ejecutivo a través de estas entrevistas a los aspirantes es una distracción, y la prueba de ello es que la población no le está prestando la mayor atención a este proceso", indicó Bernal.
Proceso amañado
Para el politólogo Richard Morales, estos procesos de consultas para la selección de los magistrados vienen amañados de raíz, ya que el presidente por Constitución es quien tiene la decisión sobre qué nombres van a ser enviados a la Asamblea Nacional.
Morales indicó que la negociación verdadera para estos cargos se va dar es en el hemiciclo legislativo, con lo partidos políticos, por lo que en cierta forma las consultas con la sociedad civil no pasa de ser un "teatro", ya que no tiene poder real de decisión.
"El nombramiento vendrá de los nombres que el Ejecutivo logre negociar dentro de la Asamblea, el proceso de consulta es un intento por legitimizar esos nombramientos y crear la apariencia de que han sido consultados", indicó Morales a Panamá América.
El politólogo indicó que viendo el panorama político que actualmente se vive en Panamá, la ratificación de quienes resulten elegidos por el Órgano Ejecutivo depende de la negociación que pueda entablar el Gobierno con los diputados de la República.
Ayer el Pacto de Estado por la Justicia culminó con la primera semana de entrevistas a los aspirantes a la Sala Civil y Penal de la Corte designados por el Ejecutivo de una lista de 153 aspirantes que se inscribieron en días pasados.
Dentro de los aspirantes que fueron interrogados esta semana figuran los juristas Luis Camargo, Judith Cossú, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, Farah Diva Urrutia, funcionaria de la Cancillería, etc.
Para la próxima semana se continuará con el interrogatorio a los otros 10 aspirantes dentro de los cuales figuran abogados como María Eugenia López; Olmedo Arrocha, director de Programa de Planificación e Inversión del MEF, y Rogelio Saltarín, abogado que ha hecho contratos con el actual gobierno.
Quienes resulten designados por el Ejecutivo para magistrados tendrán que ser remitidos a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para su consideración, y tras esto, deberán ser rechazados o aprobados por el pleno del hemiciclo.
El viernes 18 de mayo finaliza el proceso de entrevistas a los aspirantes a magistrados; luego de esto, la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia elaborará un informe que entregará al Ejecutivo, el cual tiene la facultad constitucional de designar a las dos figuras que ocuparán estos cargos. Las entrevistas a los aspirantes a magistrados se están realizando en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración.
