Jason Morales Valdés
Los ingresos económicos que representan las notarías en Panamá se encuentran resguardados por figuras públicas que podrían ampliar su poder a través de un nuevo proyecto de ley.
Esto sería si se consigue que las notarías sean los entes encargados de velar por los actos comerciales objeto de denuncias por casos de blanqueo de capitales.
El proyecto de ley 119, que organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones, será sometido al análisis de una subcomisión de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, en años recientes, las notarías han sido ocupadas por personas clave que responden a partidos políticos.
En este sentido, la exgobernadora de Panamá Mayín Correa explicó que mientras fungió como jefa de los notarios, en el quinquenio pasado, notó una serie de irregularidades, como la pérdida de sellos de estas oficinas.
Correa detalló que varios funcionarios se habían llevado los sellos para sus casas y seguían notariando con la numeración de los expedientes, por lo cual debió denunciarse el hecho.
La también exalcaldesa de Panamá estaría a favor de que se modifique la ley que rige sobre las notarías, porque en este momento "tienen nombres de políticos".
"Los gobiernos, todos, les dan notarías a personas influyentes que les han ayudado en sus campañas o que quieren ayudarlos, y simplemente contratan a socios que responden a quienes consiguieron esa dependencia", refirió.
Correa reveló que tuvo conocimiento de un político que llegó a tener tanto poder que compró un edificio donde se ubicaban varias notarías, y luego de que su gobierno salió del poder, siguió alquilando locales para el funcionamiento de dichas instancias.
Incluso, quienes se dedican a ser notarios han podido gozar de ciertos privilegios, como en la provincia de Chiriquí, donde hoy se denuncia a algunos que llegan a sus oficinas después de las 10:30 a.m.
Denuncias
En el año 2011, Panamá América publicó en un reportaje cómo las notarías de Colón, Coclé y Los Santos habían sido utilizadas por figuras del Partido Panameñista, mediante una estructura, para desviar dinero en actividades proselitistas de ese colectivo.
Sin embargo, luego de que asumiera el poder de presidente de la República, Juan Carlos Varela prometió modificar la ley que rige las notarías y hacer nombramientos por méritos de las personas que tengan esta responsabilidad y que sus ingresos sean utilizados para financiar obras que programe el Gobierno.
Varela ha planteado que los ingresos sean por automatización y almacenamiento de escrituras y archivos públicos y privados.
De esa forma, las agencias y sociedades podrán administrar millones de dólares, pese a que en los últimos años han sido objeto de denuncias de agentes internacionales que cuestionan actos fiscales y notariales que contribuyen al blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo.
El proyecto de ley número 119 busca organizar las notarías públicas y darle mayor profesionalización a la carrera notarial, con la digitalización, la automatización y una dirección que fiscalice la actuación de los notarios.
No obstante, juristas señalan que gobierno tras gobierno el patrón ha sido otorgarles notarías a personas allegadas al poder.
Solo en el interior del país, las notarías pueden devengar ingresos superiores a los $25 mil mensuales, mientras que en la capital pueden ascender a $50 mil.
Con dicho proyecto se plantea el uso obligatorio de un sistema digital de automatización de datos.
