El magistrado del Segundo Tribunal, Wilfredo Sáenz, deberá resolver el impedimento que presentó el magistrado Joaquín Ortega, para conocer una apelación dentro del proceso del supuesto desfalco del Fondo de Calidad y Equidad de Educación (FECE).
Esta apelación, que presentó la Fiscalía Primera Anticorrupción, es contra las nueve medidas cautelares que otorgó el Juzgado Tercero Penal de San Miguelito a los imputados que estaban detenidos por el caso.
El Juzgado los benefició con medidas distintas a la detención preventiva que había otorgado la Fiscalía.
La investigación de este caso inició en el año 2007, tras auditorías que revelaron un supuesto desfalco al Ministerio de Educación, por el orden de un millón y medio de dólares, entre los años 2005 y 2007.
Este hecho se registró en la oficina de FECE de San Miguelito; el supuesto desfalco afectó a escuelas de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre.
El próximo 19 de marzo es la audiencia preliminar de este caso, en el que hay más de 35 personas involucradas.
