Los pacientes con insuficiencia renal crónica están esperanzados en que la Contraloría refrende el contrato entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el consorcio IBT Medical para los servicios de hemodiálisis, de lo contrario, sus vidas corren riesgo.
El vocero del grupo, Alexander Pineda, prevé que si no se encuentra una solución a este tema, para el mes de febrero, la CSS no tendrá capacidad para dializar a un paciente más debido a la saturación de las salas existentes.
“Si es necesario que la Contraloría haga una revisión (del contrato) que la haga, pero sí le decimos que no dure un año”, advirtió Pineda.
Por otra parte, el abogado Ernesto Cedeño señaló que la CSS estaría violando el artículo 266 de la Constitución si se comprueba que una de las empresas del consorcio enfrenta procesos legales en otros países.
Según Cedeño, no se respetaría el principio de buscar el mayor beneficio para el Estado que se pretende con estos actos públicos, al contratar empresas sin credenciales de seriedad.
