Las diferencias de criterios entre autoridades locales y el Gobierno siguen vigentes en esta administración, luego que el presidente Laurentino Cortizo vetara en forma parcial, el proyecto 364, que buscaba la dotación de más recursos a las juntas comunales y municipios.
Hace poco, el presidente sancionó una ley que facilita las compras menores a los alcaldes, sin embargo, en esta ocasión no hubo la venia del mandatario, al considerar que 12 artículos del proyecto son inconvenientes y 2 inexequibles.
En el proyecto se disponía que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantizara a los municipios no metropolitanos o aquellos cuyos ingresos fueran menores de un millón de dólares, los recursos económicos necesarios con un monto mínimo no inferior a medio millón de dólares.
Adicional, la distribución de los fondos provenientes del impuesto de inmuebles en los municipios, se haría tomando en cuenta criterios de población y extensión territorial.
De no llegarse a un acuerdo entre el alcalde y el concejo municipal, dentro de los primeros 60 días del año, la distribución quedaría en 65 % para las juntas comunales y 35 % para las alcaldías.
"Se pretende aplicar una regla de distribución de fondos diferente a la establecida en la propia ley, sin dejar de resaltar que, de esa manera, se estaría obviando los procesos de consulta ciudadana vinculantes, que permitieron la identificación de los proyectos y obras", advirtió el mandatario.
Otro artículo objetado fue el relacionado con los fondos del programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, que serían aumentados de forma escalonada a razón de $50,000.00 por año hasta llegar a $250,000.00.
Según cálculos realizados por el MEF, en tres años, la erogación para este programa sería de $106.4 millones, por lo que Cortizo dijo que conviene hacer una revisión sosegada del impacto en las finanzas públicas, en la medida en que se sigan creando más distritos y corregimientos.
En su objeción al proyecto, el mandatario considera que la descentralización es muchos más que la "transferencia de recursos a los gobiernos locales".
"A lo que realmente debe aspirar el país es a una descentralización fiscal que le permita a los municipios generar recursos propios para alcanzar su propia sostenibilidad", afirmó.
364
número del proyecto de ley que reformaba la Ley de Descentralización, impulsada por autoridades locales.
